La semana próxima el Indec informará que la inflación del primer mes del 2021 rondará el 4%. A ese ritmo la proyección anual podría alcanzar el 50%. Según algunos “pesimistas”, como Carlos Melconian o el Instituto de Finanzas Internacionales, ese porcentaje superaría el 60%.

La continuidad del desmadre inflacionario tiene consecuencias devastadoras sobre el nivel de vida de las masas y complica todo el esquema económico, al punto de condicionar la negociación con el FMI.

Los precios de los alimentos, de gran impacto en las canastas de pobreza e indigencia, son los que más han crecido: 42,1% en 2020, seis puntos por sobre el promedio general. Una tendencia que continuó en las primeras semanas de este año. La carne, insumo de la mesa trabajadora en “el país de las vacas”, aumentó por encima del 70%.

La impotencia de los controles oficiales

Los últimos anuncios oficiales confirman un esquema de regulaciones de precios que no ha hecho más que fracasar como siempre y que, por presión de las patronales -que declaran un atraso de precios promedio del 35% y “alertan” por posibles desabastecimientos –, se restringe aún más.

La extensión del programa Precios Máximos hasta el 31 de marzo no incluye a los productos frescos (es decir, se trata de un descongelamiento parcial) y promete un “desenlistamiento” gradual. A esto se agrega el sostenido aumento de los combustibles que traccionan las subas a través de los mayores costos de la cadena logística.

Un combate serio contra la inflación requiere la apertura de los libros de toda la cadena de valor y la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, como parte de un plan económico que apunte a un desarrollo nacional y a romper la subordinación al mercado mundial. Algo muy alejado del programa del gobierno peronista.

Para el ministro Martín Guzmán “la inflación es en gran medida consecuencia de pautas de comportamiento y formación de expectativas” y el rol del Estado sería “alinear esas expectativas con los objetivos inflacionarios a los que se apunta”. O sea, “coordinar” los precios y los salarios según los objetivos de inflación definidos en la ley de Presupuesto: un ilusorio 29%.

Aunque los funcionarios del equipo económico se apuran a aclarar que eso no equivale a ponerle un “techo” en las paritarias, la promesa de que “el salario promedio terminará el año con un aumento nominal de 33% de punta a punta” podría implicar una pérdida real superior a los 15 puntos. En las jubilaciones, el desfasaje surgido de la nueva fórmula -según una estimación de la ultrapatronal Fundación Mediterránea– sería de entre 8 y 14 puntos.

Los salarios como ancla antiinflacionaria

La estrategia salarial del gobierno consiste en encuadrar las negociaciones paritarias de cada sector mediante un “acuerdo de precios y salarios”, suscrito por empresarios y sindicatos, al estilo del pacto UIA-CGT que habilitó el pago reducido de suspensiones. La pauta general reemplazaría las cláusulas de ajuste automático que, según el Gobierno, “contribuyen a una espiralización de la inflación por un efecto inercial”.

El verdadero propósito es desalentar cualquier intención de recuperar algo de las brutales perdidas de los últimos tres años. Según datos del Ministerio de Trabajo, los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado se redujeron en 12 meses un 2,3% y acumularon una caída del 13% de octubre de 2017 a octubre del 2020. En el sector público, la caída es superior.

La fórmula propuesta es tomar como referencia no la inflación pasada sino la proyectada -29%- o, como Plan B, una “canasta de precios controlados”. El pacto tendría carácter voluntario y no exigiría un compromiso por escrito a los empresarios; similar al “acuerdo de caballeros” que impulsó Macri contra los despidos, con nulo resultado. El mecanismo para monitorear el acuerdo sería la constitución de mesas de negociación, abiertas durante todo el año.

En principio las cámaras empresarias se mostraron poco receptivas a la propuesta por el temor de una mayor intervención estatal. La Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) cuestionó semanas atrás la regulación de tarifas, las restricciones a las exportaciones y los controles de precios.

La UIA, por su parte, reclamó que el acuerdo abarque otras variables: “los salarios siempre son un porcentaje chico sobre los precios -señalaron sus voceros- por lo tanto se tendría que hablar de muchas cosas más para poder hablar de precios, como ser tipo de cambio, impuestos, posibilidades de importación y tasa de interés”.

La burocracia siempre se anota

La iniciativa cuenta por ahora con un guiño de la burocracia, que evitó sin embargo pronunciarse explícitamente. Héctor Daer sostuvo que “es el buen camino” y agregó que “podemos confluir si hay un seguimiento de precios y le damos dinámica a todas las negociaciones”. “Desde ya –declaró con gesto desafiante- no aceptaremos techos”.

La conducción de la CGT se reunirá para intercambiar opiniones y analizar la oportunidad de incorporar, también ella, otros reclamos, como más fondos para las obras sociales o el plan de viviendas prometido por el Ministerio de Hábitat, encabezado por Jorge Ferraresi. Daer y Los Gordos no pierden de vista que la implementación del acuerdo les permitiría ganar mayor protagonismo de cara a la renovación de la conducción de la central.

Pablo Moyano también bravuconeó: “yo no creo que ninguna organización gremial acepte un techo a los salarios. Nosotros por lo menos no lo aceptamos”. Ocultando que su gremio fue durante todo el primer gobierno kirchnerista el que fijaba el tope para todo el movimiento obrero.

Ajuste para todos y bronca creciente

La consolidación del retroceso salarial es un aspecto de la reorganización capitalista que la burguesía impulsa como salida a la crisis. La otra vía es el ajuste en el gasto social. En esa dirección el gobierno ratificó el cese del IFE y del programa ATP, que trasladó al Estado parte del pago de los salarios del sector privado. Solo queda en pie el programa Repro II por el que se otorga una suma mensual de hasta 9 mil pesos a los trabajadores de las empresas que atraviesan una situación crítica (que deberá ser debidamente documentada).

Lo que más inquieta, tanto a la burocracia como al gobierno, es el impacto de un virtual cepo a las paritarias podría tener en los sectores que quedaron más atrasados, como la UOM o la rama Avícola de la Alimentación.

Comercio acaba de cerrar un acuerdo que representa una suba global del 33% en 2020, casi 4% abajo. La Carne y los Bancarios, ahora en medio de la revisión, están reclamando recuperar puntos perdidos, ante la resistencia de los empresarios. En el caso de Sergio Palazzo lo hace con el trasfondo del conflicto del Banco Superville por un bono mal liquidado (motorizado por una gremial muy combativa). Los municipales de Santa Fe reclaman formalmente la apertura de su paritaria.

El malestar por la destrucción del salario es general. Atendiendo a esta realidad es que el gobierno otorgó 20 mil millones de pesos a las provincias para el pago de salarios en el transporte. La cifra representa un aumento del 344% respecto al 2019, y un incremento superior al 20% respecto al 2020. Los choferes protagonizaron durísimos conflictos autoconvocados contra la dirección de la UTA del Gallego Fernández.

Y, por supuesto, viene la paritaria docente, siempre conflictiva, que este año adquiere condimentos especiales por la vuelta a las clases presenciales en medio de una emergencia sanitaria y educativa de contornos dramáticos.

“No queremos que Baradel, Moyano, ni Aceiteros nos marquen la pauta salarial de este año”, sostuvo un funcionario, atacando las tendencias de lucha del movimiento obrero. Sabido es que Moyano y Baradel han sido históricamente pilares de los topes salariales “nacionales y populares” y también bajo el macrismo. En cambio, la huelga general aceitera de fin de año no quebró la barrera de la inflación 2020 y firmó un 25% para 2021 sujeto a revisión en agosto, pero tuvo el enorme valor de defender con los métodos de la clase obrera un salario equivalente a la canasta familiar, marcando un rumbo al movimiento obrero.

El planteo histórico de paritarias libres y un salario mínimo igual a la canasta familiar cobra toda su dimensión. Impulsemos asambleas, autoconvocatorias y plenarios de delegados para luchar por eso. La defensa del salario debe ser un eje para unificar a la clase obrera contra el ajuste fondomonetarista del gobierno, la ofensiva de la burguesía y la complicidad de la burocracia.

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