El nuevo salario mínimo es inferior al valor de la canasta de pobreza, no tiene impacto sobre los salarios de convenio, deja afuera a unos 5 millones de trabajadores que ganan menos de 760 pesos (que se encuentran ‘en negro’ o bajo ‘planes sociales'), mientras el salario familiar y las jubilaciones seguirán por el piso.

Esos fueron los principales objetivos que buscó el gobierno al convocar al Consejo del Salario Mínimo. Una semana antes del acuerdo, Clarín (23/7) informó que “para el gobierno como para los empresarios, la clave es que el nuevo mínimo no reabra las paritarias de las actividades que acaban de cerrar acuerdos salariales”. Justamente por tener asegurado ese objetivo, las patronales cerraron el acuerdo porque, como dijo el ‘patrón’ Funes de Rioja, aunque “el número acordado fue más allá de la pauta que tenían los empresarios, no tendrá repercusión sobre los convenios colectivos de trabajo ya firmados” (Clarín, 29/7). Por eso, todos los diarios destacaron que “se cierra el ciclo de la negociación de los salarios que se inició a comienzos de año con un techo del 19%, acordado con la CGT y que inauguró el sindicato de camioneros” (ídem).

También el gobierno se aseguró que el salario familiar seguirá semicongelado y que no habrá aumentos de las jubilaciones. Al terminar la reunión, el propio Moyano dijo que ambos temas no son atribuciones del Consejo, dando por cerrado un gran reclamo que había levantado demagógicamente un día antes.

Más allá de los tires y aflojes, el nuevo salario mínimo en lugar de servir para levantar los salarios de toda la clase obrera e impulsar la lucha por las jubilaciones, es un factor que asegura al gobierno y a las patronales la “paz social” con el visto bueno de la burocracia sindical.

“La señal principal ha sido la moderación: como con las jubilaciones, se subió el piso para que [el salario mínimo] no quedara tan lejos de la realidad, pero no más que eso”, fue el balance que hizo Página/12 (30/7), para agregar que “la relación entre ganancias empresarias y salarios sigue siendo una cuestión ajena a las mesas de discusión. Otra vez, la clase empresaria ganó la batalla cultural: el salario no es una medida de la justicia social, sino un 'costo' que, cuanto más sube, menos 'viable' hace el crecimiento económico 'sano'”.

La CTA votó su propia moción, pero no significa por eso que presentó una alternativa. Sus representantes en el Consejo pactaron en sus gremios salarios más bajos que los firmados por Moyano y Cia. Hugo Yasky, de Ctera, se sigue vanagloriando que el básico de docentes está “en la línea de pobreza”; Wasiejko, de neumáticos, firmó un acuerdo que no superó el 19%, como el resto de la burocracia, mientras los sueldos de los empleados públicos —un gremio que co-dirige ATE- perdieron un 30% del poder de compra desde 2001 en adelante.