La ex empresa de fletes Rabbione -ubicada en el barrio de Parque Patricios, hoy autogestionada por sus propios trabajadores- es un verdadero caso testigo donde confluyen todas las miradas de las empresas recuperadas. No sólo se trata de una de las primeras en que la Justicia ha declarado inconstitucional la expropiación, sino que, ahora, se suma un nuevo y brutal ataque: siete de los nueve fundadores originales de la cooperativa fueron declarados responsables de una deuda retroactiva por 340.000 pesos. Sus bienes fueron inhibidos y, ante la imposibilidad de cobrar la deuda, el juzgado intentó que sus propias casas fueran rematadas. Si bien se logró parar a último momento las ejecuciones, la amenaza sobre los siete compañeros sigue presente y puede consumarse en el futuro próximo.

El juez plantea que la cooperativa adeuda 45 meses de siete mil pesos, en carácter de locación. Los trabajadores denuncian que se trata de una deuda inventada, pues el juez, a partir de desconocer la validez de la expropiación aprobada en 2007, dispuso discrecionalmente un canon desde esa época hasta ahora. Esa suma es impagable y, como lo denuncian los compañeros, esos montos “que nos reclaman equivaldrían a la pérdida de seis fuentes de trabajo”.

A través de este ejemplo, tenemos un adelanto de lo que puede ocurrir con la nueva ley de quiebras, cuya aprobación es inminente. La cooperativa va a tener que llegar a un arreglo con los juzgados que intervienen en los concursos y que, como tales, deben velar por los intereses de los acreedores.

Los jueces y síndicos, sometidos a esa presión, van a tener menos contemplaciones -como ya vino ocurriendo hasta ahora- para tomar medidas contra los trabajadores en caso de que haya atrasos o no se cumplan los plazos de pago pactados. Los compañeros de las cooperativas ya vienen haciendo malabarismos para sostener la continuidad de la producción, sometidos a la dura competencia capitalista y en inferioridad de condiciones. Esto se multiplicará, a niveles inauditos, cuando llegue la hora de hacer los arreglos en el marco de los concursos y tener que asumir la compra de los activos, que van a tener que hacerse a precios de mercado -es decir que no van a ser un regalo. Con la sanción de la nueva ley de quiebras, el Estado pasa a lavarse las manos y se desentiende del todo de las empresas recuperadas, las que deberán lidiar directamente con la patronal y demás buitres que buscarán sacar su tajada de la quiebra de la empresa.

Nos solidarizamos con los compañeros de la cooperativa ex Rabbione. Este nuevo ataque pone en claro que la nueva ley de quiebras -que ha sido respaldada por el macrismo, el kirchnerismo y hasta Proyecto Sur- es una trampa. Es necesario invertir la fórmula: la crisis la deben pagar los vaciadores y no los trabajadores. Expropiación definitiva de las empresas recuperadas y su entrega gratuita a sus trabajadores. Creación de un fondo especial para asegurar un piso salarial equivalente al salario de convenio de la rama y avanzar en el reequipamiento y modernización de las empresas bajo gestión obrera.