El jueves 6 de agosto la cámara de diputados de la legislatura bonaerense votó por unanimidad una ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la planta de Donnelley y la maquinaria que está en la planta. Queda ahora pendiente su aprobación en el Senado para darle a la cooperativa Madygraf de ex-trabajadores de Donnelley un status jurídico similar a las distintas cooperativas que funcionan en fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires.

En la misma semana, la indemnización a los ex ypefianos dio un avance enorme en el Congreso Nacional, a instancias de los diputados del PO FIT. Tenemos así dos grandes victorias del Frente de Izquierda. 

El logro de la lucha de los compañeros de Donnelley en defensa de la continuidad de sus puestos de trabajo significa, en lo inmediato,  que no existen posibilidades legales de sacarle a la cooperativa el uso de las instalaciones (por suerte, hasta ahora no han tenido que enfrentar intentos de desalojo). 

 

Una tenencia precaria

La ley sin embargo, está muy lejos de lo que ha propuesto el Frente de Izquierda y de las necesidades concretas de garantizarle una salida productiva a la fábrica. Esto estuvo expresado en el voto de Castillo, autor del proyecto inicial, que presentó un despacho diferenciado al del conjunto de los diputados. 

Sucede que la Comisión de Tierras de la cámara ha modificado el proyecto inicial, adaptándolo al proyecto tipo de expropiaciones que se votan sistemáticamente como tramite en la legislatura. Han sido removidos los artículos que planteaban la garantía estatal del financiamiento de la producción y el sostenimiento de los salarios de convenio. La nueva cooperativa dependerá de lo que pueda conseguir como trabajo, compitiendo con las empresas del rubro, sin que se le facilite financiamiento alguno. Es este sometimiento a las leyes de mercado que ha ido llevando a las empresas recuperadas a cobrar sueldos lejos de los convenios y a irse desgastando en su equipamiento, con inmensas dificultades para arreglar o reemplazar maquinaria. La ley saca en lo inmediato al inmueble y las maquinarias de la posibilidad de que sean ejecutadas por la quiebra, pero deja al colectivo obrero a enfrentarse al cumulo de deudas organizadas por los vaciadores para la continuidad hasta de los servicios más elementales.

La expropiación simbólica a un peso fue modificada por la formulación habitual de “a título oneroso”. Aquí el problema no radica únicamente en el contrasentido de indemnizar a empresarios que han sido denunciados públicamente como vaciadores, si no que la práctica habitual del estado bonaerense es la de no ejecutar la expropiación, si no dejar a las cooperativas con una tenencia precaria que debe ser revalidada con una nueva ley cada 5 años. 

Garantizada la permanencia de los trabajadores que se han agrupado en la cooperativa en el predio de la ex-Donnelley queda planteado un gran desafío: evitar la miseria salarial y el desgaste del cooperativismo autogestionario organizando una lucha sistemática para arrancar el financiamiento estatal bajo control obrero de la planta en funcionamiento.