Todos coincidieron: la del viernes 30 fue la mayor movilización de estatales de los últimos 20 años. Cerca de 20.000 trabajadores, fundamentalmente docentes, municipales de Córdoba Capital, empleados públicos, judiciales, viales, de Luz y Fuerza, acompañados por metalúrgicos y columnas de choferes que concurrieron en forma independiente, ya que la UTA no participó de la movilización.

La marcha fue impuesta por los trabajadores ante la evidencia del ataque que lanzará el gobierno. El delasotista La Mañana de Córdoba, de Julio Ramos, quiso desvalorizar la convocatoria diciendo que los estatales marchaban y paraban “por las dudas”, que “nada ha sucedido aún”. De ser así, revela que los trabajadores tienen un terreno ganado: conocen los bueyes con los que aran. Pero De la Sota y su mujer han propalado a los cuatro vientos su plan de ataque que incluye despidos, rebaja de salarios, pago en bonos, liquidación del 82% móvil, entrega de la caja de jubilaciones, etc. Por lo tanto los trabajadores decidieron curarse en salud y salieron a hacer una manifestación extraordinaria de rechazo a la política del gobierno. La jornada adquiere un valor doble si se considera que en los gremios más importantes (docentes y empleados públicos) sus dirigentes han debido desistir de participar o hacerlo con una fuerte custodia para no ligar insultos, botellazos o linchamientos directos, como le sucedió el pasado 22 a Pihén del SEP.

La jornada del 30 tiene una importancia política extraordinaria: ha colocado en el centro de la situación a los trabajadores en actividad, frente a un gobierno acorralado por el fracaso estrepitoso de toda su política que ha llevado al derrumbe de la economía provincial y al más alto endeudamiento que se conozca.

El fracaso de la privatización del Banco de Córdoba está prácticamente cantado, lo que ha llevado a De la Sota a liquidar los “beneficios” del canje de la deuda provincial, ya que le asegura al lavador de narcodólares Banco General de Negocios (ganador de la privatización) sostener con recursos públicos la diferencia entre los intereses pactados por la deuda de la Provincia con el banco a privatizar, y el 7% del canje. “Pero también la Provincia tuvo que hacer algunas concesiones. Al BGN no le gustó nada encontrarse con que los 650 millones de pesos de deuda pública que se contabilizarán como activos de la unidad de negocios, ingresan en el canje de deuda al siete por ciento anual. El pliego establecía que ese título rendiría una tasa basada sobre el costo de captación de depósitos. Hoy, eso rinde 18 por ciento, y en tiempos normales, 12. De la Sota ratificó que la deuda ingresa en el canje, pero que la Provincia pagará la diferencia de tasa para permitirle al BGN que cierre la ecuación prevista” (La Voz del Interior, 30/11). El entregador no tiene límites. Así y todo, al día siguiente debió reconocer, sobre la privatización del banco, que “lo que va a pasar en un día, en horas o el año que viene no lo sabe ni Horangel” (ídem, 1/12).

Entreguista, ignorante e impotente

Esta es la característica del hombre que los estatales masivamente han salido a enfrentar. El movimiento de lucha tiene un desafío: encontrar una salida política que sólo puede partir de echar al entregador. El reordenamiento de la provincia, la utilización de todos sus recursos, la liquidación de la miseria y la desocupación obligan a que los fondos públicos sean utilizados en función de los intereses populares y no para salvarle la usura al BGN.

Un congreso de delegados de base del movimiento obrero y de los desocupados es necesario, no sólo para determinar el curso de la lucha, el plan de acción, que una a todos los trabajadores, los de todos los gremios, porque todos están afectados por igual: los metalmecánicos, los choferes, los de la industria láctea, los estatales, los docentes, los desocupados, etc. Sino también para determinar la salida política, la lucha por una Asamblea Popular Constituyente que reorganice la provincia sobre otras bases sociales.