La Cámara Nacional de Casación Penal revocó un fallo anterior y enjuició a nueve trabajadores fraternales por el corte de vías producido durante el paro general convocado por ambas CGT el 13 de diciembre del 2001, una semana antes del Argentinazo. El fallo es un ataque de conjunto a la lucha de la clase obrera, porque impugna el piquete de un sindicato en el marco de un paro general y extiende la condena al piquete de una organización de desocupados que corta una ruta, en cualquier circunstancia y escenario. El fallo está en línea con la reciente reforma laboral, que regimentó el derecho de huelga y estableció la obligación de prestar guardias en los que se consideren servicios esenciales.

El dictamen va mucho más allá, porque se interna en los mismos terrenos legales que transitaron los jueces de Salta para acusar a los piqueteros del PO de asociación ilícita y sedición. Para uno de los camaristas, los cortes de ruta “son mecanismos primitivos de seudo defensa de sectores o intereses, en algunos casos ni siquiera de éstos, inaceptables en los tiempos que corren y que constituyen, además de delitos, actos de disgregación social”. Para el otro, tolerar un corte de ruta “sería como legitimar una usurpación de propiedad en función del enunciado constitucional de que todos los trabajadores tienen derecho al acceso a una vivienda digna”. Este planteo enfrenta el reciente fallo del juez Bonadío, que plantea su negativa a desalojar un predio hasta tanto el gobierno no brinde una salida habitacional a sus ocupantes.

Apoyo del gobierno, silencio de la burocracia

El gobierno festejó la medida; el bocón de Aníbal Fernández llamó a terminar con el “folclore” de los cortes. Esto no puede llamar la atención en un gobierno que se opuso tenazmente al desprocesamiento de los 4.000 luchadores obreros y piqueteros, y que está organizando una Brigada Antipiquetera.

La ofensiva antipiquetera de la “Justicia” forma parte de una campaña. En la Corte Suprema de Justicia está pendiente de resolución una condena de tres meses en suspenso a la docente Marina Schifrin por cortar una ruta en Bariloche, existe un fallo del mismo carácter contra los petroleros despedidos de Ensenada.

El corte de vías del que habla el fallo contra los ferroviarios se produjo en el marco de un paro general de ambas CGT. Pero ninguna de las dos se ha pronunciado contra el fallo ni asume el compromiso de defender a los castigados.

La ANT ha incorporado la nulidad del fallo a los objetivos de su plan de lucha. El PO plantea: que la CGT disidente y la CTA convoquen a un paro y movilización para aplastarlo.