El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, anunció en los medios, hacia fines de la semana pasada, la concreción de un acuerdo de la dirección de la UOM y las cámaras patronales de la industria metalúrgica consistente en las suspensiones de trabajadores con salarios recortados en un 30%, que alcanzaría a 200 mil metalúrgicos. Este paso era la generalización para todas las metalúrgicas del país, de lo acordado previamente entre el sindicato y las patronales de Techint y Aluar de suspender personal con la misma rebaja salarial. Solo en Techint (Ternium-Siderar) esto afecta a 5 mil trabajadores.

Las suspensiones y rebaja salarial de todas las metalúrgicas que las patronales pretenden extender por seis meses, en parte complementaría el acuerdo que el Smata firmó con las automotrices, consistente en suspensiones con recorte salarial del 35%, ya que importantes autopartistas encuadradas bajo convenio metalúrgico son verdaderas tercerizadas de Toyota, Ford, General Motors, Volkswagen y Mercedes Benz.

Un rechazo masivo de los metalúrgicos

El anuncio de Caló en los medios recorrió las fábricas metalúrgicas, generando una fuerte indignación y rechazo entre los metalúrgicos, incluidos delegados de fábrica afines a la conducción, lo que hizo tambalear el acuerdo hasta voltearlo, por el momento. La supuesta negativa al acuerdo por parte de un sector de la directiva nacional de la UOM fue, en realidad, un reflejo de supervivencia ante la evidencia de una posible rebelión en la base y en sus propias agrupaciones, que se lleve puesto a más de uno.

El rechazo generalizado a esta nueva tentativa de entregada de la burocracia metalúrgica viene luego de años de bastardear el salario, llevándolo a niveles de pobreza y dejando pasar cierres de fábricas y despidos masivos. Los recortes a los salarios metalúrgicos desde que comenzó la cuarentena ya afectaron a miles de trabajadores, con quitas de premios y presentismo, que la burocracia miró desde el “aislamiento autoimpuesto”. También estuvieron borradas las seccionales frente a reclamos de medidas de higiene que las patronales incumplieron sistemáticamente. El edulcorante de Caló y compañía para hacer pasar las suspensiones al 70% era un compromiso de las patronales a no despedir durante cuatro meses. Las mismas que vienen eludiendo el decreto de prohibición de despidos y suspensiones de Alberto Fernández, como Techint que despidió a 1.450 trabajadores (con el aval del gobierno). Dicho decreto, que hemos denunciado desde estas páginas, por su carácter limitado y tardío, permite las suspensiones siempre y cuando haya acuerdo entre empleados y empleadores, es decir, entre los Paolo Rocca y la burocracia patronal de la UOM que lo arregla sin ningún mandato de los trabajadores. El decreto presidencial es preciso en los detalles para favorecer a las patronales.

Por otra parte, las suspensiones son la acción que anticipan despidos, porque las patronales continúan la producción con menos personal. Es decir, que no hay garantía de evitar despidos, más bien, es el paso en ese sentido.

El plan B

Caído el acuerdo general de suspensiones, la UOM anunció que la próxima liquidación a realizarse en estos días debe ser del 100% del salario y, si las empresas no cumplen, se realizarán las denuncias correspondientes. Así las cosas, la cúpula de la UOM intenta desactivar un cuadro de estallido en la base del gremio, llevando a que los trabajadores de cada fábrica tengan que arreglárselas por su cuenta. Es una orientación de aislamiento y atomización del movimiento obrero metalúrgico para hacer pasar un ataque generalizado de las patronales metalúrgicas. Sin embargo, aún no hay que descartar que retomen la iniciativa de un acuerdo general.

El plan B, por otra parte, es imponer suspensiones y recortes salariales, fábrica por fábrica.

Por un plan de lucha

El rechazo que abarcó ampliamente la base del gremio a esta entregada del salario metalúrgico debe ser canalizado en un plan de acción de conjunto. A un ataque de todas las patronales contra el sustento de nuestras familias, debemos anteponer un plan de lucha progresivo. En este cuadro de cuarentena se deben convocar asambleas de fábrica y plenarios de delegados que deliberen y decidan cómo defender el salario y los puestos de trabajo, tomando todos los recaudos sanitarios para evitar la propagación de contagios. Caló y toda la cúpula de la UOM no tienen ningún mandato para “negociar” con el sustento de nuestras familias. Su principal preocupación al igual que la de la CGT, es levantar la cuarentena, como lo pide la Unión Industrial. Rechacemos estos acuerdos inconsultos.