La CTA Autónoma “definió” una jornada nacional de lucha con movilización para el próximo 7 de marzo. Lo hizo, como de costumbre, a puertas cerradas y sin ningún tipo de deliberación ni preparación. Tampoco votó un paro nacional ni paros provinciales o seccionales.

La movilización central será en el AMBA. En una especie de tour, pasará por la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) para denunciar al sector empresario como responsable de la inflación, lo cual implícitamente absuelve al gobierno que es su principal impulsor con tarifazos y aumentos en los precios regulados. Luego seguirá por el Ministerio de Trabajo para reclamar la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuestionar el tope del 60% que intenta imponer el gobierno en las negociaciones paritarias, y exigir la personería gremial para las organizaciones que continúan con su genuino reclamo. Finalmente terminará en el Ministerio de Economía, para denunciar la política económica bajo los parámetros del FMI. Además, la Fenat se concentrará frente al Ministerio de Desarrollo Social para denunciar el recorte en las políticas sociales, para luego confluir frente a Economía.

Según la dirección de la central, encabezada por “Cachorro” Godoy, la mesa ejecutiva está decidida a “avanzar en el plan de lucha” con el objetivo de romper con los lineamientos del FMI y cambiar el rumbo de la economía, por eso la jornada de lucha será bajo las premisas de mejora salarial, frenar la inflación, libertad y democracia sindical, y defensa de la soberanía nacional y popular.

La impostura no puede ser mayor. La CTA se ha integrado al gobierno nacional de Alberto Fernández, Cristina y Massa, que aplica un brutal ajuste contra las trabajadoras y trabajadores. Han colaborado con quienes condenan a la pobreza al 50% de la población, llevaron la inflación al 100% interanual, persiguen a miles de luchadores populares, atacan al movimiento piquetero, y cuyo programa es el acuerdo colonial con el FMI.

De hecho ATE, el sindicato más importante de la CTA, ha firmado todos los acuerdos paritarios a la baja, consolidando una pérdida salarial del 35/40% para los trabajadores estatales. Recientemente en la provincia de Buenos Aires firmó con Axel Kicillof un 40% en tres cuotas con una revisión en el mes de agosto, cuando la inflación se acelera y todas las previsiones para el 2023 están en el orden del 100%. En la provincia de Santa Fe ATE, siguiendo los pasos de UPCN, le dio la espalda a la lucha de docentes y trabajadores de la salud contra el 33% en cuotas que está ofreciendo el gobernador peronista Omar Perotti.

Más aún, los “referentes del espacio” aseguran que seguirán dentro del gobierno, o al menos esas son sus pretensiones. Claudio Lozano, que fuera echado del Banco Nación, ha presentado su precandidatura presidencial en el Frente de Todos, por lo cual probablemente la “jornada de lucha” responda más que nada a la interna del peronismo: su postulación y la marcha buscan simular una pelea contra el rumbo ajustador con el único fin de mantener a sectores descontentos dentro de la coalición oficial. Lo mismo vale para la rosca bonaerense que siempre lo tiene al “Colo” Isasi en primera fila, buscando meter sus porotos en las listas del PJ, aunque sin demasiados resultados.

Está situación de integración al gobierno es lo que explica también que en algunos importantes organismos la Verde haya pasado a integrar cargos institucionales, cómo en la CNEA y el Inti. Claramente están a ambos lados del mostrador.

La CTA A, así como la de Yasky y la CGT de los gordos, es responsable de uno de los mayores operativos de contención de los trabajadores, sin el cual el gobierno no hubiera llegado hasta donde llegó en materia de ajuste salarial y de ataque a los derechos de las y los trabajadores. La jornada armada para el 7 de marzo (un día antes del 8M) es un operativo distraccionista que busca encubrir que la centroizquierda sindical ha pasado a ser ladera de la más rancia burocracia sindical junto a los gordos de la CGT.

La tarea del activismo independiente es denunciar está política y organizar la lucha desde cada lugar de trabajo, impulsando asambleas y medidas de lucha reales para enfrentar el ajuste del gobierno supuestamente nacional y popular.