Si hay un aspecto que expresa con mayor contundencia el carácter reaccionario de la burocracia sindical es, sin ninguna duda, el abandono de los jubilados por parte de los sindicatos. Estos están ausentes por completo en la lucha por el 82 por ciento móvil; ‘curiosamente’, sin embargo, la burocracia cultiva una clientela de jubilados para usar su voto cautivo (por ejemplo, el manejo de las obras sociales, el turismo y otros) contra las listas clasistas en las elecciones en los sindicatos. La jubilación -no hay que olvidarlo nunca- forma parte del salario de la clase obrera a lo largo de su vida laboral. Tanto los aportes personales como los de la patronal conforman la porción del salario llamado diferido, que luego debe manifestarse en la jubilación. En razón de esto, los 1.600 pesos que cobra el 75 por ciento de los trabajadores en retiro -y lo mismo para aquellos que no reciben más que el 40% respecto a su último salario laboral- representan una confiscación del salario vital de la clase obrera por parte de la clase capitalista, que se produce a través de la intermediación del Estado. Una dirección clasista debe combatir por la defensa de los obreros jubilados en la lucha continua por defender el valor de la fuerza de trabajo contra el capital. Desde el punto de vista político, se trata de un combate por la defensa moral y la conciencia de clase del proletariado, cuyo vigor de clase se reciente si se resigna a un futuro de miseria social o de asistencia pública. El derrumbe de las jubilaciones debe ser computado en el cálculo del salario real que cobran los obreros activos; se verá entonces la magnitud del derrumbe del salario vital (del conjunto de la vida laboral y no laboral) de los trabajadores. La Conferencia que convoca el Partido Obrero tratará este tema con la mayor dedicación, para que el apoyo a los reclamos de los jubilados sea una tarea del conjunto de la clase obrera desde su más temprana juventud.

A nivel mundial, bajo la presión implacable de la bancarrota capitalista, el salario de los jubilados es reducido en términos nominales y por medio de la elevación de la edad de retiro. Los fondos de pensiones, públicos o privados, que operan bajo el régimen de capitalización, se encuentran quebrados y transfieren su bancarrota en una reducción generalizada de las retribuciones. La razón de esto es el hundimiento de las Bolsas y de la deuda pública en que estos fondos derivan los aportes de los trabajadores. La tasa de interés para ‘estimular’ la reactivación, próxima a cero, ha sido un golpe demoledor para los rendimientos de esos fondos de pensiones y para sus contribuciones. El ‘mercado’, con la ‘ayuda’ del Estado, ha llevado a cabo, en forma esmerada, la tarea de expropiar al trabajo para rescatar al capital. La cuestión jubilatoria es, entonces, estratégica para la clase obrera.

En Argentina, esta labor liquidadora ha sido llevada adelante de una forma implacable e incluso cínica. El gobierno se jacta de haber producido una ‘revolución’ en este campo, a partir de los niveles de hambre que dejó la bancarrota de 2002 y la tanda de desocupados que no habilitaban para solicitar el retiro. A esto, hay que agregar la estatización de las AFJP, cuyo fondo acumulado, debido a que no enfrentaba el retiro de sus contribuyentes por dos décadas, fue utilizado para pagar la deuda usuraria acumulada desde la dictadura militar. La contrapartida fue el gigantesco déficit fiscal, que fue uno de los factores principales del derrumbe de 2001/2.

Los números oficiales confirman esta realidad y desmienten la propaganda interesada del kirchnerismo:

El 80 por ciento de los jubilados -4.500.000 personas- cobra un haber de 1.687 pesos por mes o unos 56 pesos por día. Si para los ya jubilados esto es una miseria, estas paupérrimas cifras marcan el camino por el que deberán transitar los trabajadores luego de 30 ó 40 años de trabajo y de aportes. Muchos trabajadores se resisten a jubilarse, porque eso implica un derrumbe mayor al que ya tienen con el bajo salario.

La jubilación media -en torno de 2.000 pesos- representa menos del 40 por ciento del sueldo medio de los trabajadores que aportan al sistema. La diferencia con el 82 por ciento -42 puntos- mide el grado de confiscación jubilatoria. Para alcanzar el 82 por ciento, las jubilaciones deberían más que duplicarse.

La Anses se comporta como una AFJP. Invierte el dinero de los aportes en bonos y acciones, y -sobre todo- financia los déficits del gobierno que se originan por el pago de la deuda, tomando bonos del Estado a 5, 10 ó 15 años vista. Inclusive compra y vende bonos para manejar la cotización del dólar, en una timba financiera sin control. También le presta a las grandes empresas multinacionales a tasas de interés preferenciales, cuando al mismo tiempo, a través de mutuales truchas, lucra con tasas usurarias en los préstamos a los jubilados.

El gobierno dice que no puede pagar el 82 por ciento, pero se financia con la Anses para pagar los intereses de la deuda y la deuda misma. La Anses se vanagloria de tener más de 200.000 millones de pesos en el Fondo de Garantía, pero no dice que el grueso de ese fondo -más del 60 por ciento- está en bonos de un gobierno insolvente, el cual necesita meter más mano en las reservas del Banco Central para cumplir con los pagos a los acreedores privados, así como a los organismos financieros y al Club de París.

El propio gobierno presenta esas colocaciones de bonos en la Anses, y también en el Banco Central, como un ejemplo de “desendeudamiento”. Esto quiere decir que ni siquiera calcula la toma de esos préstamos como una deuda. O sea que no piensa pagarlos. Eso significa que el Fondo de Garantía no existe, es una simple cuenta y un cuento, el cual hipoteca el pago futuro de las jubilaciones.

La Anses tampoco cuenta que tiene sobre sus espaldas medio millón de juicios de jubilados por reajuste de haberes, porque no cumple con los fallos de la Corte Suprema que extienden a todos los jubilados lo ordenado por la Justicia. Uno de los esos fallos -Badaro- es porque el Gobierno K aumentó hasta 2006 un 12 por ciento las jubilaciones contra una inflación de casi el 90 por ciento, una confiscación sin precedentes -superior a la de la propia Alianza (De la Rúa-Cavallo). El gobierno está pagando esas sentencias a cuentagotas, “lucrando” con la expectativa de vida de los jubilados. Esto muestra el “rostro humano” del modelo K.

El gobierno presenta el sistema previsional como un ejemplo de “inclusión social”. Esto es gravísimo. Las jubilaciones son un salario diferido, que se compone de los aportes sobre la masa salarial calculados para tener derecho al 82 por ciento móvil. Con la “inclusión social”, el gobierno se arroga el derecho a seguir desviando los fondos previsionales -bajando las jubilaciones- para financiar las computadoras de Conectar Igualdad o las pensiones no contributivas. Esos planes -limitados, insuficientes y clientelísticos- deben ser reformulados y financiarse con impuestos al capital y no con la rebaja de las jubilaciones.

Para justificar todo esto, el gobierno sostiene que una parte de la recaudación de la Anses no son aportes sobre la masa de los salarios, sino impuestos, por lo que eso le permite distribuir esos ingresos con fines no previsionales. Lo que no dice es que esos impuestos se establecieron para compensar la rebaja de los aportes patronales, que bajaron del 33 al 17 ó 21 por ciento, según los casos.

Por todo esto, la Conferencia Sindical abordará las reivindicaciones siguientes:

Pago del 82 por ciento móvil.

Gestión obrera de la Anses, para garantizar que el gobierno no meta mano en el dinero de las jubilaciones.

Restitución de los aportes patronales, eliminación de las contribuciones de los asalariados. Siendo la jubilación un salario, no es posible que la pague el trabajador.

Es cierto que la expectativa de vida de la población ha crecido, pero sólo un desalmado puede concluir de ello que los trabajadores la deben transitar en la completa miseria. La canasta familiar de un jubilado es relativamente más cara debido al tema de la salud. El aumento de la edad para jubilarse significa entrar en la desocupación o prolongarla. En oposición a esto, reclamamos la reducción de la jornada laboral a seis horas, el reparto de todas las horas de trabajo disponibles y la libre elección para el trabajador en edad de jubilarse, entre hacerlo con el 82 por ciento móvil y la continuidad laboral en las condiciones apropiadas a su edad. Cuando el trabajo pierda su condición de explotado, los trabajadores de la tercera edad podrán transitar su vida por medio de una labor creativa y vocacional.

Llamamos a impulsar una resolución especial que trate el trabajo de las agrupaciones sindicales clasistas entre los jubilados y una campaña para que los sindicatos luchen por el 82 por ciento móvil y el pago de toda la deuda con los jubilados, y para que figure en la agenda del próximo congreso de la CGT -que sólo pretende abordar la sucesión de sus dirigentes, como si fuera un foro aristocrático.