Las patronales telefónicas cesantearon a decenas de compañeros, como paso previo a una ofensiva “racionalizadora”.

Frente a ello, los delegados y activistas opositores,  nucleados en el Plenario de Trabajadores Telefónicos, lanzaron una campaña por la convocatoria al Plenario de Delegados. Este se realizó, finalmente, y votó una marcha y concentración para el 21. Ante la amenaza de una gran movilización, el Ministerio de Trabajo acordó con la patronal declarar una “conciliación”, reincorporando a los despedidos.

Sin embargo, en el acta que la burocracia firmó con las patronales, se habla de “negociar” nuevas “modalidades de contratación”, lo que apunta a la reducción de personal. En numerosos edificios se votó, en asambleas, rechazar el acta  y mantener la  movilización del 21, la que fue finalmente levantada por la burocracia sin consultar al plenario de delegados.

El Plenario de Trabajadores Telefónicos no estuvo a la altura de las circunstancias, pues la mayoría de sus integrantes aceptó la vía del “consenso”. Un sector bordonista (ex-guillanista), se plegó abiertamente a la burocracia.

La Lista NARANJA impulsó en los edificios la defensa de la movilización y el planteo de que sea una Comisión elegida por el Plenario de Delegados la que discuta con la patronal.

Ahora está planteado que el activismo y los delegados lancen una campaña para que este programa sea impuesto en el próximo plenario de delegados del 3 de agosto, impidiendo que la burocracia trate de levantarlo. La “negociación” en manos del guillanismo sólo será fuente de nuevas entregas de las conquistas de los telefónicos.