La Justicia acaba de declarar inconstitucional la expropiación de la fábrica de aluminio Impa, dispuesta por la Legislatura porteña. Si bien se trata de una sola fábrica, sienta un precedente, ya que se trata de una de las primeras empresas recuperadas en el país. Además, la decisión provino de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación, que confirmó el fallo del juez en primera instancia.

Los fundamentos de la sentencia son reveladores: los magistrados sostuvieron que “no debe olvidarse que la expropiación no constituye un fin en sí mismo, sino que es instrumental a la finalidad propia del Estado que tiene carácter permanente y no se agota con la transferencia de la propiedad expropiante, por lo que debe descartarse la configuración de utilidad pública si, como en el caso, bajo la apariencia de un uso público, los bienes expropiados han de ser destinados a un mero uso privado” (Ambito, 27/8).

Sin embargo, una vara muy distinta es la que impera cuando lo que está en juego es el interés privado de los capitalistas. Asistimos al despojo permanente de los recursos y el patrimonio público a favor del capital. Esta expropiación sí es legal pero, en cambio, es ilegal la acción inversa, llevada a cabo por el colectivo de trabajadores que apunta a defender y preservar la fuente de trabajo y producción amenazada por el vaciamiento patronal. Cuando, excepcionalmente, bajo la presión obrera, algún estamento del Estado se vale de la legislación hecha a la medida de la burguesía y afecta los intereses de la misma, la clase capitalista pone el grito en el cielo y se da maña hasta volver las cosas a su “normalidad”.

No han escapado a esa regla las expropiaciones dictadas en las legislaturas. Este fallo le viene como anillo al dedo al kirchnerismo y, de un modo general, a los partidos patronales para cerrar el ciclo de las expropiaciones. Los K ya han cedido tiempo atrás a las presión empresarial y le han bajado el pulgar a las leyes que declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación a empresas que se desenvuelven en la actividad privada. Un ejemplo emblemático es la expropiación del Hotel Bauen, que sigue cajoneada en el Congreso. Por otro lado, el gobierno K le ha soltado la mano a Massuh y Paraná Metal, de la misma forma que se ha ido al mazo con Papel Prensa. Los K, en pleno proceso de retorno a los mercados, no quieren dar ninguna señal que los emparente con el chavismo.

Hasta la reforma de la Ley de Quiebras está paralizada en el parlamento. El gobierno pretende evitar cualquier norma que pueda interferir en los procesos de fusiones, absorciones y reorganizaciones empresarias.

En el fallo, los jueces destacaron que “el principio constitucional de que la expropiación debe ser previamente indemnizada” no se habría cumplido, en relación con que ni el gobierno porteño ni la cooperativa abonaron nada a la quiebra” (ídem). Hasta el día de hoy, el gobierno porteño no ha puesto la plata para efectivizar las expropiaciones (salvo en cuatro sobre una veintena) desde la época de Ibarra y Telerman. Macri ha continuado esa línea y la Legislatura viene actuando como cómplice.

La sentencia de la Cámara anticipa una nueva escalada contra las empresas gestionadas por sus trabajadores. Van a levantar cabeza los reclamos de las patronales desplazadas y de acreedores para retomar el control de las empresas involucradas. Esta situación reclama una acción de conjunto y común de las fábricas recuperadas por su expropiación definitiva y sin pago y su entrega gratuita a los trabajadores.