El ministro Tomada ha prometido una reforma de la Ley de Quiebras de acuerdo a un pedido que le hicieran los dos movimientos de empresas recuperadas.

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, ha elaborado un proyecto que facilitaría los medios legales para que los trabajadores puedan hacerse cargo de la continuidad de las empresas en quiebra. Propugna “transformar en una posibilidad ordinaria la continuidad empresaria en casos de quiebra, siempre que los trabajadores así lo soliciten al juez interviniente, presentando para ello el correspondiente plan de inversión y continuidad. En la legislación actual, la continuidad sólo está contemplada como un régimen excepcional” (Página/12, 4/11).

Como se puede ver, el proyecto no transfiere la empresa a los trabajadores, como ocurre con los proyectos de expropiación, sino que mantiene el proceso de la quiebra, lo cual deja a los trabajadores al arbitrio del juez y a merced de los acreedores. Se trata de una versión de las actuales “quiebras con continuidad”, es decir, una variación de la legislación existente. Los trabajadores administran el activo pero sin liberarse de las deudas. La patronal vaciadora, como ocurrió con Yaguané, cuyo dueño era el conocido empresario menemista Samid, traslada la deuda a sus propios trabajadores. El “plan de inversión y continuidad” al que hace referencia el proyecto, consiste en hacer viable el pago a los acreedores (léase bancos, financieras, proveedores comerciales), como ocurre con cualquier juicio de quiebra. En ese caso, la propia cooperativa de trabajadores pasa a oficiar de administrador judicial. “El proyecto propone establecer un plazo mínimo de continuidad – un año contable o un ciclo productivo – quedando la administración en manos de la cooperativa bajo control del juez interviniente” (ídem). Pasado ese plazo, comienza el proceso de adjudicación. La reforma otorgaría prioridad a los trabajadores para quedarse con la empresa, pero… siempre que “igualen la tasación” del patrimonio de la empresa. En otras palabras, los trabajadores quedarían enredados en este mecanismo capitalista, en competencia con los restantes inversores interesados.

Pero para optar por esta vía de “continuidad”, los trabajadores están obligados a capitalizar la deuda laboral, es decir, a transformar en un capital puramente ficticio lo que se les debe en concepto de salarios atrasados e indemnizaciones. Es que los obreros deberán aportar “dinero fresco” para poner en marcha la producción, y esto a expensas, otra vez, de sus propios salarios. Para incentivar esta confiscación de la deuda laboral, la reforma reconocería los créditos laborales al 100 por ciento de su valor contable cuando en la actualidad sólo se reconocen a la mitad.

En resumen, en lugar de rematarse los bienes en moneda de quiebra, es decir desvalorizados, el proyecto prevé que los compren los trabajadores, elevando de este modo el precio de tasación. El esfuerzo obrero va a parar al bolsillo de la patronal vaciadora y de sus acreedores. Las últimas leyes de expropiación, que este proyecto de reforma de la Ley de Quiebras pretende superar, transferían, aunque sea en forma declarativa, los bienes de las empresas a los obreros en forma onerosa, pero no las deudas contraídas por sus antiguos dueños.

Es claro que una de las consecuencias de esta prometida reforma de la ley de Quiebras será… aumentar el número de quiebras, por supuesto fraudulentas. Las patronales en crisis y no tan en crisis se verán tentadas a proceder al vaciamiento de las empresas – o apresurar esa decisión – , es decir, a dejar de pagar y acumular deudas con los obreros y el Estado especialmente, sabiendo que podrán enchufárselas a sus trabajadores.

No hablemos de la manipulación política que introduce, porque la reforma apunta a desactivar la resistencia obrera al vaciamiento empresario. Luis Caro, un adelantado de esta orientación, hacía lobby para precipitar la quiebra de las empresas concursadas, a sabiendas de que de este modo coronaba el vaciamiento. Esta política pérfida sacrifica la lucha por el cobro de los salarios caídos y las indemnizaciones, con el pretexto de que los créditos laborales impagos podrán servir de capital para la empresa recuperada (sin decir que es un capital ficticio, ya que está compuesto de un crédito que no se va a cobrar).

En el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo, las cooperativas obreras pasarían a reconvertirse en una nueva modalidad societaria: las “sociedades anónimas laborales”. Esta nueva figura legal abre las puertas para el desembarco de capitales privados. Con la excusa de la falta de capital de trabajo (y revelando la ficción del capital de créditos laborales impagos) se viabiliza el ingreso de grupos capitalistas, quienes podrán suscribir acciones y adueñarse de la empresa. La nueva “asociación entre el capital y el trabajo” que proclaman los círculos gubernamentales no es más que una pantalla para una recuperación capitalista de las fábricas que deberían pasar a la gestión obrera.

Este paquete apunta a encauzar y transformar al movimiento de fábricas recuperadas en una bisagra en el proceso de reconstrucción del proceso de quiebra empresaria, que irradia sobre el conjunto de la economía, sobre sus antiguas bases capitalistas. La reforma serviría para darle un canal “judicial” a los conflictos que se vayan planteando y para descomprimir la presión que hoy se concentra en el poder político y sobre las legislaturas. Con esta nueva metodología “institucionalizada”, se pondría fin a las expropiaciones, dando satisfacción a los reclamos de importantes sectores de la burguesía que vienen cuestionando este procedimiento. Las demandas de los trabajadores que enfrentan los vaciamientos y que son protagonistas de la ocupación de sus respectivas empresas, serán derivadas a la Justicia, donde quedarán sometidos y atrapados en la telaraña legal característica de esa institución.