Sindicales

11/9/2008|1054

Una semana de guerra de Seabord Corporation

La patronal del Tabacal utilizó todos los métodos para derrotar esta heroica huelga. El viernes 29, el gerente de Relaciones Humanas y presidente de la UIA, Guillermo Jakúlica (ex ministro de la Producción y el Empleo de Romero), apareció borracho ante los trabajadores, insultándolos, azorado ante la iniciativa de huelga.

El sábado 30, la empresa declara el cese de la zafra (lock-out patronal) con la emisión de una solicitada.

El lunes 1º, los representantes del Ingenio y el secretario general del gremio, Del Castaño, se reúnen con el gobernador Urtubey y el ministro de Justicia y DD.HH, Pablo Kosiner (ex diputado de Romero) quien a posteriori salió a explicar el interés del estado en garantizar la continuidad de la actividad productiva de “la empresa más importante de la región”.

El martes 2, la ministra de Trabajo, Nora Giménez, salió en los medios denunciando a los cinco delegados como responsables de “paralizar el proceso productivo de la zafra, causando con ello un daño irreparable para más de 2.000 trabajadores, personal de contratistas que quedan sin trabajo”. Esa fue la luz verde para que el martes a la tarde el juez Correccional de Orán, Omar Ru, emitiera la orden de desalojo. De que esos trabajadores están en negro, de los salarios de 6 pesos la hora en la planta fabril, de los niños muertos mientras trabajaban para el ingenio el año pasado, la ministra no mencionó absolutamente nada.

El miércoles 3, Jakúlica encabezó una movilización de más de 1.000 de estos trabajadores del campo y jornaleros en negro, los más superexplotados, traídos obligados por los contratistas, para desalojar a los obreros de la fábrica. Cuando llegaron, los trabajadores se negaron a actuar de fuerza de choque, y sólo un puñado de rompehuelgas del sindicato arrojaron piedras a los huelguistas. El aborto de la maniobra enfureció a la patronal, que mandó a fumigar con su avioneta a los obreros y a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y al diputado Pablo López del Partido Obrero, que habían llegado a solidarizarse a la planta.

Durante toda la semana y ante la amenaza de represión, algunos medios independientes reflejaron la solidaridad de los trabajadores del hospital, municipales de Hipólito Irigoyen y de Orán, que se pronunciaron por parar si ejecutaban el desalojo.