Las patronales vuelven a la carga sobre la supuesta “industria de los juicios laborales” con un informe que arroja que uno de cada diez trabajadores de las Pyme acude a la Justicia para dirimir controversias originadas en el seno laboral. La realidad subyacente consiste en que las patronales vulneran los convenios, derechos y condiciones de trabajo, lo que obliga al trabajador a acudir a los estrados judiciales.

El dato se desprende de un informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), que mide que aunque los juicios laborales han perdido trascendencia pública se mantiene la intensidad de los mismos, llegando a una demanda cada 20 trabajadores en las empresas medianas (51 a 250 empleados) y uno cada 10 en las pequeñas (10 a 50 empleados).

Las razones de estos litigios se basan en reclamos por indemnizaciones por despido sin causa, con el agravante de la doble indemnización y la prohibición de despidos; accidentes y reconocimiento de enfermedades laborales; diferencias salariales por mala aplicación del convenio y/o falta de pago de adicionales y/o horas extra; etc. Otro punto crucial es de los accidentes de trabajo, los cuales aumentan en la medida del deterioro de las condiciones de trabajo, las cuotas elevadas de “rendimiento laboral”, la superexplotación y el menor gasto de las patronales para no “comprometer” el proceso productivo y las ganancias.

Se trata de una enunciación de cuestiones que hacen más a la responsabilidad patronal que a una pretendida “adicción” obrera a la judicialización de la relación laboral.

El informe de la FOP destaca, por ejemplo, que durante la pandemia un 40% de las Pyme intentaron “acuerdos” de adaptación y ajuste de las condiciones laborales, de los cuales más del 75% fracasaron por negativa de los trabajadores o por falta de homologación del Ministerio de Trabajo, lo que da cuenta del intento de imponer condiciones leoninas en lugares de trabajo chicos y medianos.

Desde las patronales alertan que esta situación, que en gran medida es trasladada a los estrados judiciales ante la imposición de hecho de los empresarios, podría devenir es una serie de despidos y en más huelga de inversiones, en lo que se trata algo así como una extorsión para que se habilita una reforma laboral de hecho en los lugares de trabajo.

Dato no menor es que detrás de la Fundación Observatorio PyME se encuentran patronales que no tienen nada de “pequeñas y medianas”, entre ellas el grupo Techint, el Grupo Insud y Toyota, lo que desenmascara la campaña contra los derechos laborales de estas grandes patronales, las cuales vienen pujando por una reforma laboral de fondo.

Además, muchas de la Pymes funcionan como auxiliares descentralizadas de las grandes patronales y/o mecanismos de subcontratación y tercerización para cometer fraude laboral, por parte de los grandes capitalistas, algo que ocurre con frecuencia para evadirse del pago de los correspondientes convenios colectivos de trabajo.

Los primeros damnificados en esta situación son los trabajadores, quienes tienen que acceder compulsivamente a la Justicia para poder obtener el cumplimiento desfasado y acotado de los derechos laborales vulnerados por los capitalistas, quienes en definitiva terminan pagando sentencia luego de varios años de litigio y con una inflación que carcome gran parte de los montos implicados, o que tornan ilusoria la defensa de las condiciones laborales afectadas.

La agenda de ajuste y flexibilización de las patronales es parte del paquete de medida que el gobierno prepara como garantía al FMI. Los trabajadores debemos organizarnos para enfrentar esta ofensiva, en los términos de la reciente convocatoria masiva a Plaza de Mayo contra el ajuste y el FMI.

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