Se ha deschavado un fraude a las finanzas públicas armado entre la patronal, el gobierno nacional y la burocracia de la UOM local, agente de Caló a nivel nacional y de De la Sota a nivel provincial.

 

La empresa Maxion Montich, una de las principales autopartistas de Córdoba – con más de 500 empleados- , instruyó a sus trabajadores para que cobrasen los $ 2000 mensuales del Programa de Recuperación Productiva (Repro) y los reintegrasen luego a la empresa.  A cambio de ello, recibirían $ 390 y tres bolsones con mercadería. La denuncia se conoció a través de una cámara oculta efectuada por un programa de televisión. 

 

Estas “instrucciones” fueron dadas en el marco de una asamblea en cada turno con la presencia del conjunto de los trabajadores, y donde participaron miembros de la directiva de la UOM local. De acuerdo a lo informado, y si prosperaba el arreglo,  éstos recibirían un 5,5% para la obra social y el sindicato. 

 

La empresa ni siquiera reunía las condiciones para acceder al programa del gobierno nacional,  ya que desde junio no tiene suspensiones e, incluso, trabaja horas extras.  A través de un pedido de informes, la legisladora del FIT, Cintia Frencia, reclamó al gobierno provincial que responda sobre su intervención en este otorgamiento y si le ha concedido a la empresa el procedimiento preventivo de crisis,  que habilita subsidios y la posibilidad de despidos “baratos”. 

 

Los delegados de la planta denunciaron que venían reclamando un aumento salarial de $ 1000 y buscaron comprarlos con los $ 390. Así,  la empresa pretendía sacarse de encima el pedido de aumento y hacer un negocio. El aval de la burocracia a toda la maniobra quedó certificado con la presencia de la comisión directiva en las asambleas “instructivas”. Urbano, el secretario de la UOM local, terminó reconociendo públicamente que el gremio había firmado el aval a los Repro y que el armado con éstos constituían un fraude.  

 

Pero ello no lo privó de lanzar una campaña contra los delegados de Montich , acusándolos de mentir y “ensuciar al gremio”. Está preparando un congreso de delegados para sancionarlos,  lo que llevaría al desafuero y al despido. 

 

El deschave del fraude de Montich, con la complicidad del gobierno y la burocracia, echa luz sobre los programas de asistencia al empleo de los gobiernos, que no sólo son subsidios directos al capital sino además una corruptela fenomenal. 

 

En esta situación, es tarea central  la defensa incondicional de los delegados que hicieron la denuncia. No sólo se trata de un fraude a las finanzas públicas: la crisis pretende ser explotada  para despedir (como sucede en Valeo) y  limpiar las fábricas de activistas. La burocracia se asocia a las patronales y al Estado en esta tarea, con el objetivo de impedir una reacción obrera organizada contra la pretensión de trasladar los costos de la crisis capitalista a los trabajadores. 

 

La defensa de los delegados de Montich y de los activistas de la UOM perseguidos ingresa a la agenda inmediata del conjunto de los trabajadores de Córdoba y del país.