Al filo del comienzo del paro nacional de 24 horas de la UOM la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria parcial, para las cámaras que agrupan las actividades metalmecánicas: Adimra, Afarte, Afac, Fedehogar, Camima y Caiama. La resolución no alcanzó a las plantas siderúrgicas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero.

La intervención de Trabajo es contraria a la orientación que el gobierno adoptó frente a los paros de La Fraternidad, Atsa, aeronáuticos y docentes, a los que dejó correr. Según trascendió la conciliación fue solicitada por las patronales.

El plan de lucha, consistente en paros escalonados semanales de 24, 48 y 72 horas, fue anunciado por la directiva metalúrgica luego de meses de dilaciones durante los cuales se realizaron numerosas audiencias paritarias sin resultado alguno. Mientras el sindicato reclama un aumento salarial del 35% a partir de febrero y la incorporación de una cláusula gatillo mensual, las patronales ofrecen un anticipo del 15% “a cuenta de futuros acuerdos”.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia es apenas de $366.000: un registro fiel de la política de entrega que viene desde hace mucho tiempo y que la burocracia encabezada por el kirchnerista Abel Furlán profundizó.

A este derrumbe hay que agregar la ola de despidos y suspensiones a lo largo de todo el país. El cierre por un mes de las cuatro plantas de Acindar solo es el caso más conocido. Los despidos tienen además un claro componente de persecución al activismo. Este panorama convulsionado se expresó en las asambleas y congresos. El temor al despido y las represalias se combina con el repudio a la burocracia y una disposición a luchar. El propio Furlán fue blanco de duras acusaciones en las reuniones de delegados por turnos que realizó en Siderca; se escucharon varias propuestas de bloquear los ingresos y darle carácter activo al conflicto.

El cumplimiento del paro en las plantas siderúrgicas, pese a la confusión por la falta de una comunicación clara sobre la situación, fue importante; ahora se abre un periodo de dos semanas de conciliación en el resto del gremio que constituye un obstáculo para el desarrollo de las medidas de lucha. Es necesario imponer asambleas en cada lugar de trabajo y congresos de delegados para discutir y votar los próximos pasos: los paros progresivos deben desembocar en una huelga general hasta quebrar a las patronales.

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