La burocracia de UPCN, encabezada por Andrés Rodríguez, acaba de acordar con el gobierno nacional, y en sintonía con los lineamientos del FMI, la mayor confiscación salarial de las últimas décadas para los trabajadores estatales. Se trata de un acuerdo que, en términos de retroceso del salario real, es peor que la rebaja del 13% orquestada por De La Rúa-Cavallo-Bullrich en el año 2001.

¿En qué consiste esta confiscación? Como no había sucedido en años anteriores, los anuncios de los “acuerdos” paritarios se fueron dosificando, con la intención de generar expectativas en los trabajadores de que aún no estaba dicha la última palabra.

A mediados de este año pactaron un aumento del 15% en 3 cuotas y un bono por única vez de $2.000, cuando en ese entonces las estimaciones inflacionarias ya estaban en el orden del 28%, a lo que sumaron una inocua cláusula antidespidos por escasos 60 días, que no impidió que al día siguiente de haberse firmado, dejaran en la calle a trabajadores del Hospital Posadas, sin que la burocracia de UPCN se diera por enterada del incumplimiento.

En el siguiente anuncio –realizado a fines de julio pasado– celebraron el regreso de la cifra por presentismo ($1.000 por mes), que se había vencido al firmarse la paritaria, y que conserva su carácter de ataque al convenio colectivo, ya que no se percibe si el trabajador hace uso de licencia por enfermedad, por ejemplo, o si se adhiere a un paro.

Finalmente, en el día de ayer, y tras largos meses en los que habían hecho trascender que habría una recomposición salarial -en torno al 5%, en línea con algunas actualizaciones de otros gremios- se anunció un acuerdo complementario que incluye dos bonos a cobrar por única vez de $2.000 y $4.000 bruto (menos de $5.000 de bolsillo entre los dos), el incremento del presentismo en un 15% ($150 por mes con asistencia perfecta), y un nuevo anuncio de revisión en febrero de 2019.

Estos bonos, que se cobran por única vez, no quedan incluidos en el salario, no ingresan en el cálculo del aguinaldo y no elevan el piso salarial para la discusión del año próximo.

De esta forma, la categoría más baja del principal convenio de estatales nacionales se mantendrá en $11.629. Con una proyección inflacionaria de, al menos, el 35%, el gobierno y UPCN, han firmado una pérdida salarial de al menos 20 puntos.

Como corolario de semejante entrega, a UPCN ni se les pasó por la cabeza reinsertar una cláusula antidespidos. Su compromiso con el Gobierno y el FMI es total. Dejan una zona liberada para la próxima oleada de despidos que ya comenzó en Fabricaciones Militares, el astillero Tandanor y los ministerios de Agroindustria, Salud y Justicia.

Por su parte, ATE –tanto en su variante Verde (Nacional) como Verde y Blanca (Capital)– rechazan la paritaria, no la firman, pero no organizan ninguna lucha real para torcer el rumbo. Hace meses que no convocan a plenarios de delegados.

La política de la Verde consiste en la realización de algún paro aislado y dejar pasar el aplastamiento salarial y los despidos, para luego acompañar a alguna variante patronal en las lejanas elecciones de 2019. En el caso de la Verde y Blanca, la perspectiva consiste en reconstruir una opción del PJ que seguramente incluirá a personeros de UPCN. No por nada Catalano elogió recientemente a Andrés Rodríguez.

Los estatales necesitamos otra cosa. Tribuna Estatal propone la realización de asambleas para votar el rechazo a este acuerdo miserable, y reivindicar la necesidad de un 20% adicional con actualización automática.

La defensa del salario y de las condiciones de trabajo es inseparable de la pelea contra los despidos.

Necesitamos una asamblea general del gremio, sin distinción de afiliación para organizar un plan de lucha por nuestras reivindicaciones.

Estas tareas reclaman la necesidad de una nueva dirección. Por ello nos empeñaremos en una gran votación a la lista 6 Multicolor para las elecciones de la CTA Yasky y una fuerte participación en el plenario del sindicalismo combativo el 15 de septiembre.