Para un gobierno jaqueado durante todo el pasado año por las luchas salariales de estatales y docentes, de los trabajadores de la salud contra el cierre de los sanatorios, y obligado a echar lastre ante los judiciales, los legislativos y los empleados del Tribunal de Cuentas, es una cuestión estratégica la liquidación del sindicato que sostuvo la huelga más importante de los últimos 20 años: la Unión del Personal Civil de la Provincia.

 

La UPCP tiene un cuerpo de delegados muy combativo y una dirección que, a pesar de sus contradicciones, se las arregló para mantener cohesionado al mayor de los gremios provinciales.

 

Frente a las elecciones del sindicato, llevadas a cabo en diciembre, la apuesta del Estado fue la cooptación de una fracción podrida de su dirección, encabezada por su adjunta, Beatriz Bogado, cuyo programa se ha centrado en la colaboración con el gobierno. Bogado recibió el decidido apoyo de Ctera-CTA.

 

Todo el aparato estatal se puso al servicio de una victoria de Bogado. No faltaron las bolsas de mercadería (que se escamotean a los desocupados), el apoyo logístico y los aprietes de los punteros para la inclusión al pie de los padrones de centenares de “electores” que votaron hasta 18 veces. Finalmente, llegó la intervención “judicial” para bendecir el fraude.

 

Al día de hoy, la elección no está resuelta. La usurpación judicial destituyó a la Junta Electoral y se atribuyó sus funciones.

 

Para volver a poner en pie a la UPCP, es indispensable el aplastamiento de la intervención y de la lista colaboracionista.