La revisión paritaria de los trabajadores del transporte colectivo y subterráneo del último trimestre de 2020 se cerró con un acuerdo de 3 cuotas de $5.000 no remunerativas, a pagar en los meses de marzo a mayo 2021. Presentado como una corrección del 11% correspondiente al aumento de la inflación en el periodo octubre a diciembre 2020, pero sin incorporar este monto al básico, el acuerdo es claramente insuficiente -y, por otra parte, inconsulto. Les “roba” a los choferes el aumento correspondiente al primer bimestre del año. Pero además, el acuerdo se encuentra condicionado al aumento de subsidios, lo cual da lugar a posteriores incumplimientos por parte de las empresas.

El salario de los choferes, paritarias a la baja mediante, se encuentra en un espiral descendente que año tras año pierde su poder adquisitivo. Es el resultado, en parte, de la completa subordinación del sindicato a los monopolios del transporte. El papel de la UTA se reduce a terciar a favor de las patronales en la obtención de mayores subsidios de parte del Estado y que los choferes reciban lo que sobre de ese reparto. Del otro, este resultado debe comprenderse en el marco de la orientación de la política salarial del gobierno que impulsa un pacto económico-social cuyo eje es imponer a los trabajadores un techo salarial en las paritarias. Es importante esta comprensión acerca del rol del gobierno peronista en la baja de los salarios.

La burocracia sindical que se presenta como opositora a Fernández, la “Agrupación Juan Manuel Palacios” dirigida por Bustinduy, fiel a los intereses de Dota, es cómplice de esta agachada, ya que no propone ningún curso de lucha frente a la paritaria a la baja.

Conocido el acuerdo, cayó como un balde de agua fría sobre las expectativas de importantes sectores de la base del gremio, al límite del hartazgo por la inflación creciente y el atraso de las negociaciones. A partir de allí la bronca y el rechazo generalizado se expresaron en numerosas empresas. Las explicaciones de los dirigentes y delegados oficialistas no calmaron esa bronca e incluso dieron inicio al reclamo elemental de que se pague el 11% “en el sobre” -o sea, en una cuota y en blanco- a partir de enero.

Este hecho plantea que los activistas y sectores combativos del gremio desarrollen una posición: asambleas que rechacen el acuerdo de revisión paritaria. Aplicación de los porcentuales de aumento sobre el básico conformado y respetando las escales salariales, no a los pagos en cuotas ni en sumas en negro. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Bono mensual equivalente al 20% del salario, por trabajo esencial durante la pandemia. Abolición del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El desarrollo de esta posición vendrá de la mano de una acción común de los Cuerpos de Delegados, agrupaciones, activistas y trabajadores que rechacen este acuerdo, partiendo de las asambleas y “autoconvocatorias” en las líneas. Sobre la base de diferentes pronunciamientos de rechazo que han realizado diferentes sectores como el del Cuerpo de Delegados de la 60 o los “Choferes Autoconvocados” y otros está planteada la convocatoria a una acción unitaria de los choferes.

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