En la madrugada de este lunes 3 de abril, fue asesinado, en el marco de un intento de robo y un tiroteo entre un grupo de personas y fuerzas de seguridad, el chofer de la línea 620 Daniel Barrientos, quien estaba a bordo de su unidad mientras cumplía su recorrido por la zona oeste del Gran Buenos Aires. Frente a este crimen, la UTA anunció un paro de las líneas de zona oeste a partir de las 7:30 horas, sin plazo de duración, con el objetivo de limitar tanto en extensión como duración la medida de fuerza. Aunque la UTA no convocó a movilizarse a los choferes de varias empresas, algunos cuerpos de delegados se aprestan a realizar un corte en la Gral. Paz a la altura de Ruta 3, para darle un carácter activo al repudio de este nuevo hecho.

Es muy llamativo que el comunicado de UTA reclame al Estado pero no diga nada de las patronales del sector, primeras responsables de la inseguridad de los choferes. Los empresarios se niegan a tomar las más elementales medidas de seguridad para aminorar el impacto de estos hechos, como lo son instalar cabinas de seguridad blindadas o convencionalmente el puesto de “guarda”. Pero no es solo eso, también despiden a los trabajadores accidentados si pasan ART o quedan con alguna incapacidad. Sobran los ejemplos: línea 540, la primera de Grand Bourg, y la lista sigue. Es acuciante, además, organizar en todas las empresas comisiones obreras de seguridad laboral, para impulsar estas medidas y otras que surgen como respuesta preventiva a la inseguridad; por ejemplo, readecuar recorridos frente a situaciones de peligro.

En segundo lugar, dadas las características propias de la actividad, el Estado también es responsable de la inseguridad de los choferes y pasajeros. En zona Oeste, este fue el tercer asesinato en unos pocos años. Previamente, perdieron la vida en ocasiones similares Leandro Alcaraz, también de la línea 620, y Pablo Flores, de la Almafuerte. Y hay que sumarle a la totalidad de los ataques sufridos por los choferes aquellos casos que no tuvieron un desenlace fatal. Y además, debe considerarse la inseguridad en todo el país. En las ocasiones anteriores, el propio Sergio Berni tuvo que hacerse presente en el piquete para parar la bronca. Por supuesto, ninguna de las garantías ofrecidas por el ministerio de Seguridad de Kicillof (botones antipánico, cabinas, cámaras) fueron cumplidas. Reclamamos inversión en infraestructura en los recorridos y barrios aledaños, paradas, luminarias, además de la propia inversión en las unidades.

Frente a la medida de fuerza planteada por UTA, llamamos a deliberar por medio de asambleas para reclamar un paro y movilización en todo el país y plan de lucha hasta que las patronales implementen las medidas de seguridad necesarias y ponerle freno a los despidos de los compañeros que sufren accidentes laborales.

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