Como era de prever, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y el paro que había convocado la UTA para el lunes 26 fue levantado.

El acatamiento a esta disposición del gobierno por parte de la burocracia sindical de Roberto Fernández agrega quince días a una amansadora que se extiende desde enero. En febrero la directiva del sindicato ya había levantado un paro a cambio del pago de 15.000 pesos en tres cuotas en negro (no contributivas) a cuenta del cierre de la paritaria 2020. Desde entonces las reuniones por la actualización salarial 2021 pasaron de un cuarto intermedio a otro, generando una gran inquietud en la base del gremio.

Fernández publicitó que el reclamo para este año es pasar de un básico de 70.000 pesos a uno de 80.000, lo que equivale a un 14%, cuando las proyecciones de inflación anual no bajan del 48%. A su vez, la Junta Interna de ATE Indec calcula una “canasta de insumos mínimos” de 88.729 pesos mensuales.

La paritaria está empantanada porque la conducción de la UTA actúa de común acuerdo con las patronales para presionar al gobierno a que habilite más subsidios. El paro anunciado, como sucedió con el convocado por la burocracia de Héctor Daer en el gremio de Sanidad, es una medida obrero–patronal que no pretende ir más allá del reclamo por fondos públicos.

Fracasada la reunión paritaria del jueves 22, en la que se resolvió un cuarto intermedio sin siquiera establecer una nueva fecha de reunión, el sindicato llamó a un paro para cuatro días después con el único objetivo de acatar la cantada conciliación obligatoria del Ministerio, en vez de convocar el inicio inmediato de un plan de lucha basado en asambleas en las líneas y una movilización del gremio.

Si bien el gobierno sostiene las ganancias de las patronales por medio de los subsidios al transporte, el ajuste fiscal al que se compromete con el FMI le resta margen. La dirección de la UTA está actuando como un factor de presión en esta puja capitalista por los fondos estatales, en el marco de una crisis económica y social muy severa agravada por la pandemia. Poner de manifiesto esta cuestión de fondo es un paso previo para tomar conciencia de la necesidad de discutir un plan de lucha de todo el gremio, que incluya el reclamo de la investigación de las cuentas de las empresas y el destino de los fondos aportados.

Tanto la burocracia oficial de Fernández como la opositora de Horacio Bustinduy ensayan una pose de lucha que no resulta en una organización de las bases para dar una pelea por nuestros salarios y condiciones laborales, sino más bien en una pantalla de chicanas cruzadas mientras las empresas embolsan subsidios multimillonarios del Estado. Los choferes estamos además expuestos al Covid-19 y a la inseguridad, sin vacunas, protocolos ni cabinas. En la paritaria de UTA se debe reclamar la recuperación del salario perdido, una recomposición de 50% en 2021 en un pago, sin sumas en negro, y también por nuestras condiciones de trabajo.

Diversos sectores opositores han convocado a medidas en el último tiempo (líneas 60, 540-553 y grupos de choferes que hicieron cortes en determinados puntos) reclamando esencialmente un salario de 100.000 pesos de bolsillo, vacunas, equiparación de salarios entre choferes y técnica y cabinas de seguridad. Esas medidas son solo un botón de muestra del extendido malestar que existe en la base del gremio. En el corte en Ingeniero Maschwitz que hizo la 60 ha habido una muestra de esa confluencia entre distintos sectores que debe dar paso a un reagrupamiento de lucha dentro del sindicato.

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