En las últimas horas una sucesión de brutales y cobardes agresiones sufridas por trabajadores del transporte tomó cierto estado público en varios medios de comunicación masiva. En la empresa La Perlita que circula por las localidades de Moreno y Merlo (líneas 288, 311, 312, 329, 422 y 501), un chofer fue herido con un arma blanca en un intento de robo. En la línea 540-553 del Grupo Autobuses, que circula por Lomas de Zamora, un chofer fue agredido con el pico de una botella, sufriendo heridas en su rostro, por solicitarle a un pasajero que use barbijo. En la línea 524, de Lanús, un intento de robo culminó con el chofer baleado en la pierna. Por último, en la empresa Almafuerte con cabecera en La Matanza, dos trabajadores fueron asaltados y agredidos. Al momento del cierre de esta nota los trabajadores con su cuerpo de delegados a la cabeza iniciaron un paro y convocaron a una asamblea general en la que definieron cortar a la altura de la rotonda de San Justo y movilizarse hacia la municipalidad. La seguidilla de hechos remite a los ataques sufridos por los choferes Leandro Alcaraz y Pablo Flores, que terminaron con la vida de estos dos jóvenes trabajadores y por el cual la familia de Pablo continúa su reclamo de justicia La vida de los choferes es en definitiva lo que está en juego en las actuales condiciones en los que desarrollan sus tareas.

Frente a estos hechos la burocracia sindical de la UTA no convocó a ninguna asamblea ni paro, ni en las empresas directamente afectadas ni mucho menos a nivel seccional o provincial, en reclamo de condiciones de seguridad para los trabajadores del transporte. La bronca de los trabajadores impuso en La Perlita un paro parcial de unas pocas horas que, al no ser impulsado por el cuerpo de delegados de UTA, permitió rápidamente el restablecimiento del servicio a la patronal, a las primeras horas de la mañana. Desarrollando una orientación diferente, el cuerpo de delegados combativo de la 540 llevó adelante un paro que se extendió por alrededor de 24 horas, con carácter activo mediante el corte del centro de transbordo de Puente La Noria, en solidaridad con los trabajadores agredidos y en reclamo de condiciones de seguridad.

El elemental reclamo de los choferes por seguridad abarca dos cuestiones centrales. Uno tiene que ver con el reclamo a las patronales por las condiciones de trabajo, que estas rechazan tajantemente por considerarlo un incremento de sus costos laborales y hasta se desentienden del problema, lo que sucede por ejemplo con el planteo más común y extendido que es el de cabinas blindadas para los conductores y otros como el acondicionamiento de las cabeceras, luminarias, finalización de los recorridos en zonas menos inseguras, traslado de los choferes a puntos transitados en horarios nocturnos, etc. Las patronales consideran lisa y llanamente que no tienen ningún deber de responsabilidad con los choferes, dado el carácter de servicio público de la actividad que no se circunscribe al lugar de trabajo propiamente dicho.

En segundo lugar, lógicamente el reclamo de seguridad se dirige hacia el propio Estado, al gobierno y a las fuerzas de seguridad. En este sentido, se suceden las reuniones de los diferentes cuerpos orgánicos de la UTA con las cúpulas policiales de las localidades (y no pocas veces con la presencia del ministro Berni), en el que se firman “actas” y “compromisos” cuyo efecto termina siendo nulo en la realidad. Por supuesto, la salida al problema no puede pasar por reforzar el poder de la Policía, un aparato contrario a los intereses de los trabajadores, que se dedica a amedrentar a los sectores populares y a violentar a la juventud como se pudo ver en los recientes casos de gatillo fácil. El empoderamiento de la “fuerza” es absolutamente contrario a reducir la inseguridad por el hecho de que la principal organización delictiva, asociada a todos los delitos -grandes y menores-, es la propia policía y porque su verdadera función no es cuidar la vida y los pocos bienes que tiene un laburante.

El reclamo de “seguridad” tiene para los clasistas un contenido concreto. Implica en primer lugar la exigencia a la patronal de todas las condiciones de seguridad en el trabajo que se requieren, como ya lo hemos difundido ampliamente en el gremio en 2018, valiéndonos del proyecto presentado por nuestra compañera diputada Romina Del Plá frente al asesinato de Leandro Alcaraz, empezando por las cabinas de seguridad blindadas y demás planteos relacionados (cabeceras, traslados, etc.), incluso la creación del puesto de guarda para las unidades, bajo convenio de UTA.

En segundo lugar, proponemos la creación de comisiones obreras de seguridad en las empresas, con poder de suspender el servicio ante situaciones de inseguridad, que sean elegidas democráticamente. Esta cuestión es central, dado que a partir de la organización de los trabajadores en las diferentes empresas del transporte es posible extender lazos de solidaridad y lucha común con las organizaciones populares presentes en las barriadas a los fines de fortalecer un entramado social opuesto a la delincuencia y al régimen que la ampara, por reivindicaciones comunes como el control por las organizaciones populares de la actuación policial, registros de comisarías, etc. Son estas las condiciones de seguridad que reclamamos y el método que proponemos para avanzar.