La paritaria de la UTA se encuentra actualmente en un punto crítico. Semanas atrás se llegó a un acuerdo paritario en AMBA, para el primer trimestre del año, que además debía recuperar la pérdida del 25,5% por inflación del mes de diciembre del 2023. Lo firmado representa un 83% de aumento hasta el mes de marzo -de $537.000 a $987.000 en tres cuotas-.

De acuerdo a la escala salarial distribuida por la UTA, para el mes de enero el básico conformado debió ser de $597.000, sin embargo, se pagó con la escala anterior, con lo cual ya hubo un primer incumplimiento de la paritaria por parte de las patronales. El 20/027 debe abonarse además una suma en negro de $140.000, que se encuentra sujeta a un aumento en los subsidios o sea que está en duda.

Las patronales por carta documento reclamaron directamente a ministro Caputo por los fondos acordados no transferidos. A su vez, el gobierno retiró los subsidios al transporte en las restantes provincias ($102.000 millones de pesos) luego de la caída de la Ley Ómnibus, con lo cual, el aumento a los 40 mil choferes de las diferentes provincias del país se encuentra en un punto muerto y, por lo dicho, en de AMBA tampoco está garantizado. En las distintas líneas se mastica bronca.

La política de transporte público de Milei

Hay que hacer un esfuerzo por entender las causas de fondo del empantanamiento de la paritaria. El plan económico Milei-Caputo agravó el ataque al poder adquisitivo del salario (que ya venía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner) con el fogonazo inflacionario de diciembre y enero. Profundizó la crisis del servicio público del transporte con los tarifazos -los aplicados y los que vienen, más profundos aún- y con la eliminación total de los subsidios a las patronales del transporte de las provincias a lo que se suma la incertidumbre por los de AMBA, situación que llevó a las patronales a avanzar con mayores recortes de servicios y a atacar de manera más virulenta el salario.

Milei-Caputo definieron como estrategia de fondo darle a los monopolios del transporte (DOTA, METROPOL, etc.) la fijación del valor de las tarifas, que es lo que en realidad se esconde atrás de frases como dar “libertad de mercado”. Esto implica una transición de un modelo altamente subsidiado “a la oferta” que favoreció a las mismas patronales del transporte para sostener sus ganancias como “rescate” en una situación de crisis, pero que se encuentra agotado.

Ambos regímenes del transporte público -el “subsidiado” y el “desregulado”- son dos modelos a favor de los monopolios del sector. Este pasaje de un esquema a otro que intentan Milei-Caputo en un marco de crisis alimenta todo tipo de pujas políticas y económicas.

El gobierno y las patronales encuentran un freno político y social al aumento ilimitado de tarifas, razón por la cual las patronales siguen reclamando altos niveles de subsidios. También hay un choque entre los gobiernos provinciales y el nacional por quién asume el costo -político y económico- del aumento de tarifas y los por niveles de subsidios nacionales, provinciales y municipales.

En esta disputa, ambos, gobierno y monopolios, atacan los salarios para que “cierre” el ajuste, pero al mismo tiempo las patronales del transporte, a través de la burocracia sindical que maneja el gremio, -igual que los agentes de DOTA de la Palacios- intentan apoyarse en los trabajadores en esta puja por subsidios.

La baja salarial no se negocia

Milei-Caputo dicen que su programa económico de ataque al salario y los derechos laborales, de despidos, que literalmente está hambreando a los sectores populares, no se negocia. La contrapartida de parte de los trabajadores es salir a movilizarse para defender el salario y el trabajo. Por un mínimo de $1 millón de pesos con cláusula de ajuste mensual por inflación para dejar de perder salario mes a mes. Asambleas en todas las líneas para votar un paro nacional y un plan de lucha. Abajo el plan Milei-Caputo contra los salarios.

Tanto las patronales como el gobierno nacional y de las provincias intentan justificar el nuevo tarifazo que se prepara “por el alto sueldo que reclaman los choferes”. No somos responsables de la crisis del transporte y no debemos tampoco pagarla ni tampoco los trabajadores usuarios. Desde el activismo combativo debemos tener u planteo al respecto: apertura de los libros de las empresas y congelamiento de tarifas hasta que no se sepa cuál es el costo del servicio y cuánto ganaron los últimos años.

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