Las patronales de la industria de electrónicos y electrodomésticos acaban de presentar un programa de 14 puntos al gobierno nacional y provincial para debatir la rentabilidad (lo que debe leerse como el requerimiento de subsidios), la mejora de los costos logísticos y aduaneros y, no en último lugar, cambios en el convenio laboral (UOM) al estilo de lo que se firmó para Vaca Muerta.

 

Plantean la necesidad de insertarse en el sendero de la flexibilidad laboral y la libertad de despido por el que están transitando, burocracia sindical mediante, petroleros, obreros de la construcción, automotrices, textiles (y la lista sigue).

 

Puesto a ser concreto, un ejecutivo de una de las grandes empresas exigió, como prioridad para el conjunto de las patronales: “bajar el costo de la mano de obra, aumentar la productividad y dar premios al presentismo”. Un ataque que incluye a la organización gremial, desde el momento que “existe una alta tasa de delegados (200% más que en el Smata)” según el informe de una consultora -Abeceb- hecho por pedido de Afarte, la cámara patronal (La Nación, 11/7).

 

Un segundo punto del pliego apunta a reforzar el carácter “ensamblador” de la industria. Bajo el nombre de “simplificación de los procesos productivos” los “industriales” plantean importar insumos en lugar de “encarecer sustancialmente el precio con producto nacional”.

 

Al mismo tiempo exigen la prórroga del régimen de beneficios fiscales que rige hasta 2023. En Manaos, Brasil, plantean los empresarios a modo de ejemplo, un régimen similar fue prorrogado hasta 2073. 

 

Para la clase obrera, ¿qué es lo que está en juego?  En Tierra del Fuego, según datos locales, viven unos 150.000 habitantes. La industria de electrónicos y electrodomésticos ocupa más de 10.000 personas. Existen hoy no menos de 5.000 desocupados, luego de los despidos producidos a raíz del vuelco a la importación resuelto por el actual gobierno. Una cifra que está en crecimiento por la crisis de la industria textil, el otro motor industrial de la isla, convertido en una suerte de zona franca.

 

Por otro lado, en 2016 se destruyeron un conjunto de conquistas del pueblo trabajador fueguino: se aumentó la edad jubilatoria, todos los trabajadores estatales activos hoy deben aportar un 1% más, los docentes un 3% y se perdió totalmente el 82% que se calculaba en base a los últimos 24 meses y hoy se lo hace sobre los últimos 10 años, lo que supone una jubilación que ronda en el 60% del sueldo en actividad. Se dividió el organismo de seguridad social dejando un camino allanado para la “armonización” de la caja provincial que tanto es reclamada por el gobierno Cambiemos, lo que llevaría las condiciones de los jubilados a la baja. A todo ello se le suman los aumentos en gas, luz, agua e impuesto inmobiliario. Es decir, se ha hecho tabla rasa con beneficios elementales que buscaban el ingreso y la radicación de nuevos pobladores, en una geografía hostil. 

 

Por último y como corolario de este “plan” de ajuste y entrega el gobierno provincial ha colocado bonos de deuda por doscientos millones de dólares a una de las tasas más altas del mercado a un plazo de diez años y atado, como garantía, a los recursos en petróleo y gas.

 

La “salida” de la burguesía

 

La “salida” de la burguesía está concentrada en su pliego de 14 puntos, una defensa rabiosa de un régimen parasitario con la contracara de un ataque atroz a los trabajadores, vía despidos, flexibilidad laboral y rebaja de salarios.

 

Los partidos políticos que le responden, con independencia de su posicionamiento, tienen un programa común, centrado en la defensa de la ley 19.640 de “promoción industrial”, considerando que ésta ley es la única que sostiene la precaria industria local y los puestos de trabajo.

 

En nombre de salvar a este régimen coinciden -junto a la burocracia sindical- en avanzar contra las conquistas obreras.

 

Esta virtual unanimidad de criterios se repite en el caso del ajuste contra los trabajadores estatales. Nadie debe olvidar que las leyes de ajuste aprobadas el 8 y 9 de enero de 2016 fueron votadas por todos los bloques de la Legislatura desde el Frente para la Victoria, Cambiemos-UCR y el Movimiento Popular Fueguino, como así tampoco la persecución sufrida por parte de quienes decidieron enfrentar ese ajuste. Cuando se coloca a Santa Cruz como expresión de un gobierno supuestamente nacional y popular que ejecuta el mismo ajuste de los inquilinos de la Casa Rosada tiende a olvidarse que Tierra del Fuego comparte ese triste privilegio.

 

Crisis capitalista y un programa

 

El rasgo histórico de Tierra del Fuego (y, hasta cierto punto, del sur argentino) es la despoblación. Atraer trabajadores de zonas urbanas alejadas impone un nivel de conquistas y de salarios superior al promedio del país, que es lo que la burguesía ahora quiere bajar, provocando su alejamiento. Es un signo de irracionalidad, como el desaprovechamiento de la pesca en un mar saqueado por los buques factorías, asociado a un puerto en la ciudad de Río Grande que jamás se finalizó. Quienes hablan de “un nuevo perfil industrial” no aportan nada distinto a lo que ya existe, fuera de una mayor importación, lo que augura una crisis de mayor envergadura. La crisis capitalista internacional no admite “santuarios” y la propia burguesía “nacional” no pone reparos, como nunca rechazaron proceso alguno de mayor colonización imperialista si se beneficiaban con la reducción arancelaria u otros beneficios.

 

Lo que está planteado en Tierra del Fuego, como absoluta prioridad para la clase obrera, es un frente único de las organizaciones obreras con una consigna: para evitar el desempleo y los despidos repartamos las horas de trabajo existentes e impongamos el control obrero de la producción. Control obrero significa exigir que se abran los libros de las empresas a comités electos por los trabajadores para verificar el grado real de vaciamiento de las empresas, argumento que se usa para justificar los despidos. Esto permitirá conocer los superbeneficios empresarios y cuál es su uso. Control obrero significa determinar que insumos deben entrar y cuales no en función de una asignación racional de recursos. Un programa “nuestro” frente a la crisis debe exigir la reapertura de las plantas cerradas bajo la intervención del Estado y el control obrero, así como la restitución de todas las conquistas arrebatadas a los trabajadores. Pararse frente a la irracionalidad del capital supone abrir una deliberación en toda la clase obrera fueguina y poner en debate la convocatoria de un Congreso de Trabajadores para enfrentar la ofensiva en curso y oponerle un programa y un plan de lucha. Las candidaturas del PO en el FIT estarán al servicio de esta política, para que la crisis la paguen “ellos”.