En el Ministerio Público de la Defensa hay al menos 207 trabajadores en planta temporal y 43 se encuentran con contratos que superan holgadamente los 4 años de antigüedad. Esta situación se vuelve mucho más grave en los escalafones más bajos, donde las y los trabajadores están sujetos a la renovación de su contrato para no quedarse en la calle.

Durante años, la Defensoría General de la Nación (DGN) ha sorteado la necesidad de crear cargos de planta a partir de la designación de contratos temporales que se renuevan ininterrumpidamente. La proliferación de los contratos y su persistencia en el tiempo ha dado lugar a un cuadro de precarización laboral que tiende a extenderse por todas las dependencias. A su vez, los ascensos con contratos dan lugar a ascensos interinos profundizando aún más la inestabilidad laboral de las y los trabajadores.

A diferencia de lo que ocurre para los contratos asignados a las dependencias de Corte Suprema y Poder Judicial, donde existe un plazo de 4 años por demás holgado para proceder a la efectivización, en la DGN no existe plazo alguno, lo cual ha generado que existan trabajadores contratados que largamente superan los 4 años de antigüedad en el mismo contrato.

Además, al igual que con los contratos del Poder Judicial y las Fiscalías, los salarios que paga la patronal para los trabajadores es el mismo en caso del contratado, el interino y el efectivo. Por ello, la efectivización de los contratos no tiene costo presupuestario para la DGN. Se trata de contratos que buscan debilitar la organización de los judiciales a partir de avanzar contra la estabilidad de los trabajadores. Una utilización de la precariedad del contrato como una posible represalia patronal.

El fraude laboral en un ámbito como la justicia (o el Ministerio de Trabajo) es doblemente fraudulento y aberrante. Se trata de una política de la Corte y el gobierno kirchnerista que se ha mantenido bajo el gobierno de Macri y que continúa bajo el gobierno de Alberto Fernández. Esta situación se torna mucho más peligrosa para los judiciales en un contexto de bancarrota económica y de ajuste sobre los trabajadores. En particular en el marco de las negociaciones con el FMI que condiciona cualquier acuerdo a un recorte del gasto estatal.

La respuesta de la DGN (y la Comisión Interna Marrón)

Luego de varias presentaciones, la DGN nos ha respondido que conforme la política dispuesta por la Defensora General, las efectivizaciones se realizarán solamente en tanto surjan las vacantes en las dependencias o se habiliten presupuestariamente nuevos cargos. Es decir que supedita la efectivización de los contratos al improbable aumento del presupuesto cuando por el contrario se asiste a su permanente recorte y a la creación de vacantes cuando se viene de una reforma previsional que aumentó la edad jubilatoria y están en carpeta otras reformas para seguir elevándola.

Por su parte, la conducción de la Comisión Interna encabezada por la lista marrón de Piumato, ha tomado nota de nuestra campaña y ha salido a plantear en sintonía con la DGN que las efectivizaciones deben supeditarse a una habilitación presupuestaria por parte del Congreso. Que ellos vienen trabajando hace años con la DGN para que se respete que las vacantes se cubran en base a la antigüedad.

Pero la precarización laboral no es un problema presupuestario que deba ir resolviéndose a cuentagotas, sino el resultado de una decisión política de la Defensoría General que finalmente Piumato termina avalando.

Organicémonos por la efectivización

Ante esta situación, estamos en plena campaña la efectivización de todos los contratados del MPD, y en particular la efectivización de los contratos con 4 o más años de antigüedad tal como se ha llevado a cabo en otros ámbitos de la justicia.

La lucha por el pase a planta permanente debe dar lugar a la más amplia deliberación entre las y los trabajadores ligándola a la lucha general por la recomposición salarial y por todos nuestros reclamos.

Esta lucha por la efectivización de los contratos en el MPD debe fortalecer la pelea para terminar también con los contratos en la Corte Suprema y en particular en su Obra Social, donde proliferan los contratos basura de locación de servicios. También debe servir para impulsar la lucha que la Directiva del sindicato dejó trunca por la efectivización de los contratados de la oficina de escuchas.

Vamos por una campaña por la efectivización y el pase a planta permanente de todos los contratados. Basta de precarización laboral en el Ministerio Público de la Defensa y toda la justicia.

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