En vísperas de la segunda reunión de la Mesa por la Producción y el Trabajo -que reúne al gobierno, las cámaras empresariales y la CGT-, Macri lanzó la exigencia pública de “discutir todos los convenios laborales”, ya que “estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX”.

 

Eliminar la “rigidez del mercado laboral” para favorecer la creación de empleo es un guiso recalentado, que se suma al proyecto de Ley de Empleo Joven, la reforma de la Ley de ART y la rebaja (otra) de aportes patronales, que los capitalistas reclaman para poner en marcha la economía y atraer las prometidas inversiones.

 

Pérfidamente, Macri ataca los convenios -que protegen las condiciones de trabajo- bajo la cobertura de una crítica a la burocracia. Los “que han conducido los gremios en los últimos 20 ó 30 años” deben “plantearse una renovación interna”; es decir, utiliza el desprestigio generalizado de la dirigencia para camuflar un anuncio profundamente antiobrero.

 

Las declaraciones son también un recordatorio de quien impone la agenda en esa Mesa de Diálogo; aunque a nadie se le escapa -y menos a Macri- que son los Daer, Moyano y Barrionuevo los garantes de la tregua que permitió imponer 250 mil despidos y una reducción salarial del 11,5 por ciento (según calculó la propia CGT).

 

La renovación sindical no vendrá de la mano de quien, como candidato, prometió su ayuda para “limpiar de trotskos los gremios”. La expulsión de la burocracia -que se apoya en el Estado para perpetuarse- es una tarea del clasismo y de los luchadores

La CGT llevará a la Mesa de Diálogo su apoyo al proyecto de Emergencia Laboral sancionado por el Senado (ver nota en pág. 2).

 

Además de la Emergencia, la CGT propone “un compromiso para limitar los despidos” y, en voz baja, la agilización de la devolución de la plata de las obras sociales (¡ajá!). Recordemos que el gobierno amplió en 1.784 millones de pesos las transferencias del Fondo Solidario de Redistribución; de Comercio, Uocra, Uatre, UPCN y camioneros, que son los más favorecidos.

 

La movilización de los “triunviratos”

 

Un momento clave del operativo de “contención social” -motorizado por la burocracia sindical y, sobre todo, por la Iglesia- fue la marcha del 18 de noviembre: el debut callejero de la alianza entre “el triunvirato de la CGT” y “el triunvirato piquetero”, integrado por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie.

 

La movida a favor del proyecto de Emergencia Social juntó unos 50 mil manifestantes. Las CTA se limitaron a un apoyo simbólico; su ausencia no se debió a los cortocircuitos por el paro de la CGT que nunca llegó, sino a que Micheli y Yasky fueron excluidos del Diálogo.

 

“La CGT nos discrimina”, declaró un despechado Micheli, y apuntó que la burocracia debía “tomar nota del mensaje de los trabajadores”, por la menor concurrencia que hubo en relación con la prevista.

 

Por una gran marcha del clasismo y los sectores combativos

 

La marcha fue una válvula de escape para descomprimir el malestar, no un canal de lucha. Así lo comprendió el propio gobierno: “La CGT debe responder reclamos de los sectores más combativos, pero en el fondo tiene una actitud negociadora”.

 

“Nadie percibe una solución en el futuro inmediato”, afirmó Juan Carlos Schmid, en su discurso de cierre; sin embargo, no planteó ningún curso de acción. La movida marcó el comienzo de las vacaciones de la CGT, que durarán hasta marzo. Según La Nación, “el primer trimestre es el plazo de tolerancia” que acordó el consejo directivo.

 

En las antípodas de la burocracia sindical-piquetera, la CSC-PO propuso en el multitudinario acto del FIT en Atlanta una gran movilización de los sectores combativos “contra la tregua y por un paro nacional activo” el 20 de diciembre, a quince años del Argentinazo.

 

 

 

Foto: Bernardo Cornejo