Un grupo de trabajadores agrupados en el Sindicato de Guardavidas y Afines MGP “piqueteó” la salida de la gobernadora Vidal, que acababa de inaugurar una nueva “playa pública”, para reclamar la reincorporación de ocho compañeros despedidos, en un momento en que es necesario sumar personal a las playas para garantizar la seguridad de los bañistas.

Según destacaron los trabajadores, había sido pautada una reunión entre el ejecutivo provincial y los trabajadores para cuando finalizara la inauguración. Cuando los trabajadores, que habían acordado no irrumpir en el evento, vieron que Vidal se retiraba sin escuchar el reclamo, decidieron cortar el paso del vehículo que la trasladaba, en señal de protesta ante la promesa incumplida de la reunión.

Esto derivó en un “acting” por parte de la gobernadora, que se bajó de su vehículo para increpar a los trabajadores tratándolos de “violentos”, adjetivación utilizada hasta el paroxismo por el gobierno cada vez que se presenta una manifestación que reclama en contra de sus políticas de ajuste. La gobernadora se negó a dialogar y a escuchar el reclamo genuino, abandonando su traje de “Heidi”, para ponerse el de la responsable de la feroz represión en La Plata del jueves 18 contra el pueblo trabajador y los jubilados que rechazaban la ley de reforma provisional, la nueva ley de ART y el paquetazo antiobrero en curso. (El colmo fue el tuit de la ultracristinista Gabriela Cerutti, quién celebró la actitud de la gobernadora como “mujer líder y fuerte” y destacó que ejerce “el liderazgo con convicción femenina”, desmereciendo, en un mismo acto, el justo reclamo de los trabajadores del sector y la lucha de las mujeres contra la opresión.)

 

En una actitud abiertamente manipuladora, Vidal sostuvo que el diálogo iba a estar “abierto” si los trabajadores deponían su forma de reclamar. Esto cuando la gobernadora ha rechazado innumerables pedidos de audiencia por los más variados reclamos, entre ellos el que vienen solicitando los familiares víctimas del hundimiento de “El Repunte” desde hace seis meses.

El secretario del sindicato, el pejotista Nardone, también se colocó en línea con el gobierno. El argumento del burócrata, candidato en las PASO en la lista de Ishi, fue que él “no pudo contener” a los trabajadores que bloquearon el paso, tomando distancia de los bañeros a los que representa, y pidió disculpas por “la forma de reclamar”.

Esto frente a un gobierno que entrega las playas a los privados y a las grandes firmas comerciales para instalar allí sus stand, que resuelve paritarias a la bajan y que no equipa las playas con los recursos necesarios para el trabajo de los guardavidas.

Por otra parte, la gobernadora se ufana de inaugurar playas públicas en sectores de playa que son públicas desde siempre. Se trata de una maniobra distraccionista y manipuladora frente a un reclamo histórico de la comunidad marplatense y de buena parte de los turistas que es la defensa de la playa pública y el rechazo al modelo privatista que se agudizó tanto en el gobierno de Pulti (aliado al kirchnerismo) como en el actual del fascista de Arroyo (aliado al macrismo).

En la ciudad hay actualmente más de 70 balnearios privados, con 18.000 unidades de sombra instaladas, que en sectores de playa como La Perla, Playa Grande y Punta Mogotes, se apropian de más del 75% de la superficie de la playa que debiera ser pública.

Los “balnearios públicos” fueron inaugurados en playas públicas que no revisten interés alguno para los privados, por presentar condiciones ambientales degradadas por los desagües pluviales que allí desembocan, contaminando las aguas y arenas según surgen de estudios realizados por investigadores de la UNMdP.

El negocio para el empresariado de la playa es redondo, los cánones que abonan los balnearios al municipio o a la provincia son irrisorios: se pagan con tres días de temporada. La ganancia estimada sólo por los alquileres de espacios de sombra supera los $1.000 millones de pesos.

Los empresarios contratan cerca de 1.000 trabajadores en el sector playa, sobre todo jóvenes, con extensas jornadas de trabajo (12 horas promedio), en negro, sin estabilidad laboral (si no hay demanda en el día no se los convoca y no se les paga la jornada) y por magros salarios, que los hace depender de la “propina” para mejorar algo sus ingresos.

Reincorporación de los ocho guardavidas despedidos. 

Terminar con el negocio de las playas privadas. Municipalización, bajo control de trabajadores y usuarios, de los servicios turísticos.

Acceso público y gratuito a todos los servicios disponibles.

Por una conducción clasista en los sindicatos involucrados en el sector, que defienda los intereses de los trabajadores y de los usuarios de las playas públicas.