Se acaba de convalidar un ‘acuerdo’ de profunda flexibilización laboral y violación del convenio colectivo de trabajo en Viluco, fábrica de subproductos de soja (aceite, alimento balanceado, biodiésel), ubicada en Frías, Santiago del Estero (en el límite con Catamarca).

 

Según informa el corresponsal local de La Nación, a fines de abril la empresa envió telegramas de despido a la totalidad de su planta, de 205 obreros (se encuentran encuadrados en dos gremios: acopiadores de granos y aceiteros). En 2016 ya había despedido a 30 trabajadores. Tras los telegramas, la patronal negoció con la burocracia sindical local, en persona del secretario general de la CGT santiagueña, José Gómez, la “reincorporación” mediante un nefasto acuerdo, con la venia de los gobiernos nacional y provincial, que implica un agresivo deterioro en las condiciones de trabajo de los obreros: en primer lugar, se deja sin efecto por un año la aplicación del aumento que se acuerde en la paritaria nacional (congelamiento salarial, cuando hubo un 41% de inflación el año pasado). En abril de 2018 se “volverá a discutir”, es decir, se ha establecido un régimen de violación permanente del convenio colectivo de trabajo. El salario de bolsillo seguiría siendo el mismo que el del año pasado, pero se pagará un 50% en negro (“no remunerativo”), y la empresa tiene la potestad de realizar suspensiones a voluntad, pagando en ese caso sólo un 70% del salario.

 

La patronal fundamenta sus medidas en la caída del consumo interno, pero en realidad la mayor parte de la producción es para exportación. Se trata de un aprovechamiento del contexto general para implementar la línea de la flexibilización laboral que Macri quiere imponer en todas las ramas de la producción tomando como ejemplo el acuerdo flexibilizador de Vaca Muerta. Hay también una clara responsabilidad del gobierno provincial y la burocracia sindical K, que avalaron el acuerdo, política y formalmente (junto a la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación).

 

La fábrica Viluco (del grupo Lucchi) fue inaugurada por el ex gobernador y actual senador, Gerardo Zamora, con la aplicación de ley de “promoción industrial”, que exime de impuestos y otorga importantes beneficios a las grandes patronales. Queda claro ahora que se trata de un régimen legal cuyo único fin es subsidiar a las grandes empresas a costa de las finanzas públicas, y que los trabajadores ocupan el lugar de variable de ajuste. La situación actual de Viluco ilustra el fracaso de esta “promoción industrial” como política de desarrollo provincial, pero también del mentado “Plan Belgrano” del macrismo, que dice buscar el desarrollo del NOA consolidándolo como un polo de producción sojera. Evidentemente, lo único que se busca desarrollar es la ganancia de las grandes empresas.

 

Desde el Partido Obrero repudiamos la extorsión de la patronal contra los trabajadores, de la cual la burocracia sindical fue cómplice. Una dirección sindical genuina debería haber preparado la ocupación de la fábrica. Exigimos la aplicación del convenio colectivo y la plena vigencia de la paritaria, y planteamos el rechazo a cualquier suspensión o despido. Ante las amenazas de cierre realizadas por la empresa, tras años de recibir beneficios millonarios por parte del Estado provincial, exigimos a la provincia la intervención de la empresa, poniendo toda la producción y todos los libros contables bajo control de una comisión que responda directamente a una asamblea de los trabajadores, para garantizar el sustento de las familias obreras.