En la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, se encuentra la fábrica Toray-Vimar S.A. que se dedica a la producción de alfajores. Los trabajadores de dicha empresa denuncian desde hace tiempo que vienen siendo víctimas de terribles atropellos a sus derechos por parte de la patronal. Reportan que hay unos 50 trabajadores sin registrar, de unos 100 en total de la planta. Que los obligan a trabajar “en turnos de 12 horas con sueldos de 15.000 pesos” (Desalambrar, 18/6), siendo que con el convenio colectivo de trabajo correspondiente (pasteleros), debería ser de 42.000 pesos y trabajando solo 9 horas. Además, en plena pandemia, los operarios denuncian que se trabaja sin los protocolos de cuidados ante el Covid-19 y que incluso hay operarias embarazadas que siguen concurriendo a trabajar, siendo que son grupo de riesgo.

El episodio más grave ocurrió el 28 de mayo pasado, cuando en una inspección conjunta del sindicato de Pasteleros y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, varios trabajadores fueron encerrados en un depósito para ocultarlos de su condición en negro. Todo el suceso fue un escándalo. El sindicato se había presentado en la puerta del establecimiento en el cambio de turno de las 6 de la mañana, como la patronal les impidió el ingreso, iba abordando a los trabajadores que entraban y salían de los turnos noche y mañana respectivamente. Como el gremio permaneció varias horas allí, los directivos de la compañía apelaron a sacar a los trabajadores encerrados en las cajas de los camiones de la empresa y sus propios autos para que nadie los vea. Para colmo, como los empleados encerrados se sacaban fotos allí y las difundieron, la empresa les arrebató sus celulares, por lo que quedaron incomunicados. Una verdadera privación ilegítima de la libertad.

 

Como condimento extra, se conocieron al menos cuatro casos de coronavirus en la fábrica. En las inspecciones del municipio de los días 1° y 5 de junio, cuando surgió el primer contagio, solo apelaron a cerrar uno de los turnos de la planta. Luego, en la inspección municipal del día 12 junio tuvieron que cerrar temporalmente el establecimiento al sumarse más casos. Aunque, según informaciones de vecinos de la zona, dicen que la patronal está haciendo asistir a algunos trabajadores de manera clandestina a la fábrica.

Aprovechando la clausura preventiva, la empresa está buscando curarse en salud a través de los despidos de varios trabajadores, obligándolos a ir a una escribanía en la localidad vecina de Merlo, a firmar una rescisión del contrato y cobrar una mísera indemnización.

Aquí hay que remarcar el rol cómplice del Ministerio de Trabajo provincial que tolera toda la impunidad con la que se maneja la empresa Vimar. Lo mismo en cuanto al municipio de Moreno, que en palabras del director de Fiscalización, Germán Segado, al Semanario Actualidad “la empresa fue cumpliendo con los protocolos y se procedió a la desinfección correspondiente”, mientras los casos de Covid-19 iban aumentando en la fábrica.

Por todo lo expuesto, para superar esta incertidumbre es fundamental la organización de los trabajadores de Toray-Vimar. Reclamando:

– Asegurar el cese real de las actividades de la planta el tiempo que sea necesario, su desinfección, el aislamiento de los operarios y sus familias, con la cobertura sanitaria correspondiente. – Ningún despido y blanqueo inmediato de los trabajadores precarizados. – Garantía salarial del 100% del convenio pastelero para la totalidad de los operarios de la fábrica. – Cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad e higiene, cuando se retome la producción. – Por comités de trabajadores para llevar adelante estás reivindicaciones.