Mientras las direcciones de Upcn y ATE siguen de vacaciones, en apenas 60 días el gobierno de De la Rúa armó una ofensiva sobre los empleados públicos de igual o mayor calibre que la de Menem.

• Rodolfo Terragno reglamentó el sistema de retiros voluntarios, una medida que golpea a 90.000 compañeros. El sistema comenzará a regir a mediados de año, lapso para que los jefes y directores presionen a los empleados ‘indeseables’ a anotarse.

• Los que estén próximos a jubilarse no podrán anotarse porque se los jubilará forzosamente.

• El proyecto de Emergencia Fiscal permite dar de baja a los empleados públicos permanentes o contratados durante 1999 y “autoriza al Gobierno a reubicar al personal público”.

• Ese mismo proyecto ordena al Estado a que en las negociaciones con los sindicatos del sector público revise “las condiciones laborales en sus aspectos jurídicos, operativos y salariales de cada uno de los regímenes de empleo pertinentes”. También ordena que no se admitan ‘enganches’ salariales o aumentos automáticos de sueldos, que se actualicen las modalidades y las jornadas de trabajo y se compatibilicen los regímenes de licencia y ausentismo, “con parámetros de productividad razonable” (Clarín, 13/1). “Esto significa -agrega Clarín- que se podrían disponer rebajas salariales, alargar o cambiar la jornada de trabajo, reducir los días de licencias o congelar los escalafones”.

• En todas las provincias se pusieron en marcha ajustes que prevén el despido de empleados públicos. El gobierno nacional ya dijo que sólo refinanciará las deudas provinciales si se efectúan achiques en las administraciones.

• En Corrientes ya despidieron a miles de empleados públicos. En Mendoza, “con el voto coincidente de legisladores aliancistas y peronistas, la Legislatura aprobó un paquete de leyes de emergencia que… contempla la movilidad del personal público” (La Nación, 15/1).

¿Hace falta algo más para que Upcn y ATE convoquen a una asamblea general? ¿Hace falta algo más para elaborar un plan de movilización?