Los trabajadores de Volkswagen, a través de la agrupación antiburocrática “La Tuerca”, presentaron ante el Ministerio de Trabajo provincial el rechazo al acuerdo alcanzado entre la empresa y la dirección del Smata por el cual se suspendieron a 60 trabajadores por un mes (a renovarse hasta 2018). La presentación rechaza las suspensiones por su ilegalidad y pone al desnudo el verdadero objetivo de las mismas.

 

Los trabajadores denuncian que, a la par que hay suspensiones, la empresa tiene en marcha su programa de horas extras. El resultado es que la producción pasó de 1.440 cajas a 1.600 con 60 trabajadores menos.

 

El acuerdo refleja la intención empresarial de pasar a un régimen laboral más flexible basado en la precarización laboral y ajustado enteramente al lucro empresario. El aval del gobierno a esta política es una indicación de que hay una coalición enfrentada a los trabajadores. El CEO de la empresa, Pablo Di Si, declaró al diario El Cronista (27/3) que la empresa aspira a “la flexibilidad. Se necesita un margen de maniobras… ahí hay mucho para avanzar… tenemos que poder decirle al sindicato que queremos contratar 150 personas más por 3 meses”. En el mismo reportaje, descarta la posibilidad de cumplimiento del “acuerdo automotriz”, cuando aún estaba fresca la tinta con la que estampó su firma en el mismo.

 

La invocación a la crisis por parte de los empresarios es, entonces, una coartada para avanzar sobre los trabajadores imponiéndoles condiciones ruinosas de trabajo y un retroceso en sus condiciones de vida. Es la oportunidad para avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo, sobre el salario y sobre la organización interna de la fábrica. La lucha de los trabajadores de AGR-Clarín fue demostrativa de estos hechos. En la planta cordobesa de VW las suspensiones afectan mayoritariamente a trabajadores de la planta MQ250, que es la única que no presenta caída de pedidos, y se concentra en trabajadores públicamente enrolados en la agrupación La Tuerca, opositora a la conducción del gremio.

 

Que el Ministerio de Trabajo permita y avale estos ataques deja en claro que la orientación política de los gobiernos no es arbitrar en la crisis entre los trabajadores y los empresarios sino actuar en resguardo de los intereses patronales.

 

La participación de la burocracia del Smata es clave para hacer pasar el ataque. Esta acepta el acuerdo con el argumento de defender los puestos de trabajo. Sin embargo, el gremio lo ha suscripto a espaldas de sus representados, los cuales no fueron ni consultados ni convocados a decidir.

 

Que los afectados sean trabajadores pertenecientes a una agrupación opositora a la actual conducción gremial (cómplice de VW), revela también que se pretende descabezar una reacción en la fábrica al conjunto de los planes patronales.

 

La rigurosa presentación de los trabajadores de La Tuerca plantea también el programa sobre el cual se debe establecer una unidad de los trabajadores para enfrentar la crisis y las “avivadas” patronales: el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Surge la necesidad de exigir a las empresas que den a conocer sus programas de producción, la cantidad de horas previstas y las piezas a producir para que, a través comisiones obreras electas en asamblea, se puede establecer un control y un poder de veto y de modificación de la planificación empresaria.

 

A través de nuestra banca hemos llevado a la Legislatura el planteo de una interpelación al ministro de Trabajo, para saber si homologó o no el acuerdo, y para que dé razones de su conducta por acción u omisión. Asimismo, junto a los trabajadores hemos convocado a una audiencia pública para establecer una campaña contra los despidos y suspensiones