Desde el primer día de 2019, el macrismo y los gobernadores han profundizado sus ataques contra la educación y los docentes.

Los responsables del derrumbe edilicio, del ahogo presupuestario, del cierre de escuelas, de la pauperización de las familias que envían a sus hijos a la escuela pública y de la destrucción del salario y de las condiciones laborales docentes, aplican salvajemente el ajuste pactado con el FMI.

La gobernadora María Eugenia Vidal ha tomado a la escuela pública y a la docencia como los chivos expiatorios que justifiquen el ajuste sin fin que ejecuta en su provincia.

La máxima responsable de que en una escuela hayan muerto dos trabajadores, producto de una explosión por las pésimas condiciones del establecimiento, ha lanzado una campaña de injurias contra los educadores, travestida de “mesas educativas” integradas por funcionarios de Cambiemos y aliados, en las que sólo se puede participar con invitación oficial.

El gobierno que ha impuesto la reducción presupuestaria en educación, en infraestructura, eliminado las paritarias de hecho y cerrado por decreto salarios docentes con 20 puntos por debajo de una inflación del 47,6%, pretende profundizar este ataque con paritarias del 20% en 2019. Consciente de que generará el rechazo docente, montó una campaña de ataque fascista a los educadores, a los que acusa de “no querer” comenzar las clases el 6 de marzo. En esa línea, el macrismo ha presentado un proyecto de ley que declara a la educación “servicio esencial” en territorio bonaerense, elimina el derecho de huelga, obliga a cumplir con el calendario escolar obligatorio y prohíbe que “se adopte cualquier medida de fuerza que, por su extensión, oportunidad y modalidad, afecten la adecuada prestación de dicho servicio” (El Cronista, 7/2).

La ofensiva, sin embargo, no es sólo bonaerense. Como lo señaló el ministro Alejandro Finocchiaro, siempre en “modo patoteril”, llevarán la iniciativa de Vidal al Consejo Federal de Educación, para que la aprueben todos los gobernadores.

La educación es un gran ejemplo de los acuerdos estratégicos de macristas, pejota-kirchneristas y otras yerbas contra la clase trabajadora de todo el país.

Pero el otro aspecto esencial de este ajuste es colocar a la educación al servicio del rescate de las patronales, entrenando mano de obra barata. Ese es uno de los ejes “educativos” señalados por el actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, en su paso por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) en 2016.

La burocracia sindical celeste considera que hay que dejar pasar este ataque. Nos referimos a las explícitas declaraciones de Hugo Yasky, quien dijo que “no hay que hacer paros durante este año electoral” para no dar excusas al macrismo para atacar a los candidatos del Pejota-kichnerismo. Una confesión también de lo que harán si llegan otra vez a gobernar. Roberto Baradel, del Suteba, sacó un afiche en el que señala que el 6 de marzo “los docentes vamos a la escuela”. En palabras del diario El Día, “los gremios docentes se han juramentado no mencionar la palabra mágica en todo conflicto: paro. Aún obligados a “caer” en alguna medida, será para contener la reacción docente.

Repudiamos la tregua bochornosa de Ctera, de Sonia Alesso, Roberto Baradel, Eduardo López y compañía, y proponemos al sindicalismo docente combativo la realización de plenarios provinciales para organizar el no inicio de clases y la convocatoria a un plenario nacional de los sindicatos, seccionales y agrupaciones antiburocráticas para resolver la huelga a escala nacional.

Por la defensa de la escuela pública, de los derechos laborales de la docencia y contra la paritaria a la baja del 20 por ciento que pregona María Eugenia Vidal y todos los gobernadores, el XI Congreso Nacional de Tribuna Docente, que se realizará los días 16 y 17 de febrero, discutirá la organización del no inicio en todo el país.