Durante la pandemia, las mineras mantuvieron ganancias extraordinarias a costa de una mayor flexibilización laboral y retaceando inversiones en materia de seguridad e higiene. Esto último detonó un conflicto en Yamana Gold, la multinacional a cargo de la explotación de Cerro Moro en Santa Cruz.

Frente a la ausencia de medidas de seguridad en el yacimiento, los obreros decidieron en asamblea una medida de fuerza. La patronal, en represalia, decidió “dispensar” de tareas a una treintena de trabajadores, entre ellos dos delegados recientemente electos y con la particularidad que no son de la línea que conduce el gremio minero. Recientemente, graves hechos de inseguridad les dan la razón a los compañeros: hubo derrumbe en una de las galerías subterráneas afortunadamente sin ningún accidentado.

En el conflicto, la burocracia sindical de Aoma Santa Cruz estuvo solo intervino para decir que no apoyaban a los mineros en sus reclamos. Es la misma dirección que convalida la flexibilización laboral con nuevos convenios donde no participan las bases.

Sin ir más lejos, las mineras redujeron el 25% del salario de aquellos trabajadores que por diferentes motivos no eran convocados a los yacimientos. A su vez, comenzaron a cubrir estos puestos con obreros contratados por fuera de lo que marca el convenio colectivo de trabajo, con contratos a plazo fijo de 6 meses y un sueldo menor a la categoría 1 en algunas empresas.

En ese sentido, reclamamos la reincorporación de los despedidos y el cese de la persecución gremial. Profundicemos la organización en asambleas de base en defensa del convenio colectivo de trabajo, los salarios y las condiciones de seguridad e higiene.

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