El 29 de marzo se produjo un incidente en la Usina 21, donde un grupo de gendarmes que cumple funciones de vigilancia intentó sacar de los talleres al secretario gremial de Luz y Fuerza, el compañero Darío Machaca.

Los trabajadores, alertados por la situación, paralizaron sus labores y se agruparon en el taller donde el jefe de los gendarmes intentaba sacar a Machaca de las instalaciones. El gendarme no pudo mostrar orden ni protocolo alguno, solo mencionó órdenes de los funcionarios de YCRT. Al cabo de unos largos minutos de discusión, y mientras se iba parando la actividad en la usina, los gendarmes recibieron la orden de retirarse y el compañero Machaca pudo continuar su actividad gremial, normalizándose las tareas.

Fue una pulseada ganada contra la política antisindical de la empresa, que ha prohibido expresamente el ingreso del sindicato a la Usina 240 y ahora también lo hace en la 21. El Ministerio de Trabajo ha ignorado las denuncias presentadas por el gremio, lo que sentó un antecedente de extrema gravedad.

La persecución antisindical viene de lejos, si tenemos en cuenta que 17 trabajadores y dirigentes de los distintos gremios que se desempeñan en la empresa están procesados y su causa ha sido elevada a juicio con acusaciones gravísimas, como “coacción agravada”, por su participación en la lucha de 2018 contra los despidos masivos de Zeidán-Macri, lucha que con meses de huelgas y movilizaciones logró la reincorporación de más de 200 trabajadores.

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Desde el Partido Obrero planteamos la unificación de la lucha contra la criminalización de la protesta en Santa Cruz, dado los casos existentes de persecución también contra trabajadores provinciales y jubilados por las movilizaciones del 2017. La comisión que se organizó por esta perspectiva en noviembre tiene que extenderse a todos los sindicatos y todas las organizaciones afectadas por estas persecuciones, desde la Adosac, ATE, Luz y Fuerza hasta las organizaciones sociales y de derechos humanos que se quieran sumar.

Frenar la persecución antisindical que también sufre la Adosac por parte de Alicia Kirchner, con las constantes conciliaciones obligatorias seguidas de multas multimillonarias y amenazas contra su personería gremial, es vital para fortalecer la lucha contra el ajuste del gobierno nacional y provincial.

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