El 30 de diciembre del 2004, la banda de rock Callejeros se presentaba por última vez en el boliche Republica de Cromañón, ubicado en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires. Esa noche pasaría a la historia oscura del país como uno de los mayores estragos que se hayan producido contra la juventud y el pueblo: 194 jóvenes perdían la vida debido a las consecuencias del entramado de negocios que unían a empresarios, funcionarios públicos y al poder político. 

Por este crimen que conmovió al país, y que sacudió los cimientos sobre los cuales se erigía el negocio de la cultura y la noche porteña, a la fecha no queda ningún detenido. Omar Chabán, empresario de la noche y gerente del lugar, murió en prisión a fines del 2014; los funcionarios implicados cumplieron condenas de algunos pocos años; Anibal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad cuando sucedieron los hechos y principal responsable político de la masacre, aún continúa impune.

“Ni las bengalas, ni el rock & roll, a nuestros pibes los mato la corrupción”

Era una noche de calor en la Ciudad de Buenos Aires. Las instalaciones del boliche de Once estaban preparadas para albergar unas mil personas, pero se estima que la capacidad fue sobrepasada holgadamente, llegando a incorporar más de 3.000 personas. Apenas comenzado el show, un elemento de pirotecnia impacta contra un tejido de media sombra que revestía los paneles acústicos ubicados en el techo, lo que produjo la rápida propagación del fuego y la emanación de los gases tóxicos que causaron las asfixia de los presentes. De quince matafuegos, once no funcionaban; tampoco las mangueras para aplacar incendios; una de las salidas de emergencia se encontraba bloqueada y cerrada con candado. El sistema eléctrico colapsó dando lugar a la oscuridad debido a la ausencia de luminarias de emergencia. El lugar entero estaba diseñado para producir una catástrofe.

La primeras labores de rescate estuvieron en manos de los propios pibes y pibas que, encontrándose afuera lograron destrabar las puertas; fueron muchos quienes entraron y salieron varias veces para sacar gente, familiares, amigos, o ayudar a un desconocido, muchos de los cuales no lograron volver a salir. Las ambulancias no daban abasto, mientras los hospitales colapsaban atendiendo 1.432 lesiones, por fuera de las casi doscientas muertes.

Una lucha popular contra la impunidad

El primer intento del Gobierno de la Ciudad y de los medios fue tratar de desviar el tema responsabilizando a los jóvenes por lo ocurrido. La insistencia sobre la “bengala”, la autoexposición a esas circunstancias y la provocación de los hechos, solo buscaban tapar las responsabilidades políticas de un régimen de negocios y corruptelas que funcionaba en plena noche de la city porteña.

Por estas razones es que rápidamente los sobrevivientes, familiares, amigos de las víctimas, junto al apoyo algunas organizaciones políticas- particularmente de izquierda- pusieron en pie una organización independiente para ir a fondo en el esclarecimiento de las responsabilidades de este crimen.

Anibal Ibarra fue señalado por su papel como principal promotor y responsable del funcionamiento en la Ciudad de una zona liberada para los negocios de la noche: habilitaciones laxas, bajos controles, coimas y funcionarios que hacían la vista gorda, eran las condiciones que dominaban el mundillo de la comercialización de la cultura en la ciudad del “progresismo”. El derrumbe de Ibarra, destituido como conquista de la movilización popular, se produjo incluso a pesar de los esfuerzos del kirchnerismo por sostenerlo y evitar su caída. Sin embargo, la justicia lo eximió de cargos sin siquiera convocarlo para que declare y rinda cuentas de sus funciones. El kirchnerismo haría caso omiso a las denuncias de los familiares y lo devolvería a la política como precandidato de jefe de gobirno en las PASO de 2015.

El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, estaba en el Calafate en el momento de la masacre, y tardó varios días en volver a Buenos Aires para recibir a los familiares.

La lucha crecía y no perdía de vista sus objetivos: Chaban y sus socios; Ibarra y sus funcionarios; la policía y otros agentes públicos implicados; todos engranajes de la maquinaria de un negocio millonario que terminó con la vida de los pibes y pibas. Detrás de todos ellos, un régimen de negocios y enriquecimiento que se siguió bajo la gestión de Jorge Telerman y que hoy domina la explotación capitalista de la cultura en la ciudad y el país.

La destitución de Anibal Ibarra, en marzo del 2006, fue un hecho inédito para la política porteña. La lucha daba un gran paso hacia el camino a la justicia y que la masacre no quedara impune. Ibarra pasaba a ser un “cadáver político” como bien lo señaló Mariana Marquez, madre de Liz de Olivera Marquez, fallecida en Cromañón. Luego llegarían las condenas para los músicos y funcionarios, y para Rafael Levy, dueño del lugar de los hechos, así  como también de prostíbulos y talleres clandestinos en la ciudad.

En 2011, Casación cambió la carátula de la causa a “estrago culposo seguido de muerte”  saliéndose de la calificación dolosa que acentuaba la responsabilidad de los partícipes de este crimen, allanando el camino para reducir las condenas de los imputados.

El modelo Cromañón

Luego de Cromañón, se clausuraron cientos de bares y boliches en todo el país, dejando así a miles de artistas sin tener lugar para expresarse en lugares con las condiciones necesarias. Pero pasados unos pocos años, el poder político y los empresarios siguen haciendo de las suyas.

Las muertes de Time Warp (Costa Salguero) en 2016, donde 5 jóvenes perdieron la vida y muchas otras terminaron hospitalizadas, se produjeron en un lugar donde se había duplicado la capacidad permitida, no había agua en los baños, ni acceso a agua, ni hidratación adecuada. Para el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el problema fueron las drogas, apuntando directamente los jóvenes y no a la falta de controles que debía tener el lugar y a la responsabilidad que le cabe sobre los hechos. O el caso de Ismael Sosa, apaleado por la policía cuando asistía al recital de La Renga en Córdoba en 2015, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el lago de Embalse. Las dos muertes en Olavarría, en el recital del Indio Solari del 2017- Juan Francisco Bulacio y Javier León-, cuando el predio rebalsó de seguidores, superando la capacidad del lugar, y configurando una situación crítica que dejó varados a la deriva  a cientos de jóvenes. Por fuera del mundo del rock están las muertes de la “tragedia de Once”, la explosión de la primaria Nº 49 de Moreno- donde Sandra (vicedirectora) y Rubén (auxiliar) perdieron la vida-, las muertes por las inundaciones, y la lista sigue. El Estado es el principal responsable de sostener un régimen que privilegia los negocios y el lucro por sobre la salud, la vida y la integridad física de la población. La impunidad a Ibarra es la garantía de la continuidad de un esquema que se replica por todo el país, donde se multiplican los Ibarra, Chabán y funcionarios corruptos, en cada punto donde se negocia con la cultura.

La lucha de Cromañón ya suma 15 años de camino recorrido obteniendo la condena de funcionarios, empresarios y otros responsables. Una lucha que le dio la espalda a la Casa Rosada, poniendo en pie un movimiento independiente para exigir justicia, caiga quien caiga. Este movimiento hoy reclama por la expropiación del lugar donde perdieron la vida sus seres queridos, el que ha sido devuelto al propietario y condenado Levy.

Acompañemos a las familias, sobrevivientes y amigos, este lunes 30 de diciembre desde el mediodía en el santuario (Mitre y Ecuador) donde habrá distintas actividades culturales. Y a las 19 horas en Plaza de Mayo, donde se leerá el documento y se marchará hasta Cromañón.

Ni olvido, ni perdón. Lxs  pibxs de Cromañón presentes, ahora y siempre!