El gobierno nacional ha dado a conocer la renovación del programa Ahora 12 y su ampliación con la financiación de hasta 30 meses (Ahora 30) para adquirir productos de “línea blanca”. La medida busca “reactivar” el consumo, sobre la base un mayor endeudamiento de la población, el ajuste de la inflación sobre los salarios y un crecimiento de la pobreza.

La letra chica de esta prórroga/ampliación se conocería recién el lunes, pero con el Ahora 30 se podrá financiar la compra de heladeras, cocinas, lavarropas y lavavajillas, con una tasa de interés que asciende del 25 al 29%. Tal es el deterioro de los salarios y el poder adquisitivo de la población trabajadora que se necesitan dos años y medio para terminar de pagar… una heladera.

Se trata de un anuncio que no mejora en nada la capacidad económica de las familias obreras, cuando se espera que el mes de julio vuelva a cerrar con una inflación promedio de alrededor del 3%. Los precios ascenderían al 3,7% para el rubro de alimentos, acumulando un 60,1% interanual, según la consultora Eco Go. Mientras que el consumo masivo (alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal) bajó un 6,5% para el primer semestre, según Consultora W.

Negocios de por medio

En las negociaciones del gobierno con los bancos, las entidades financieras obtuvieron nuevos beneficios económicos a cambio de renovar y ampliar la línea de créditos, partiendo del aumento de la tasa de interés anual que se aplica.

El Banco Central extendió de 6 al 8% el cupo que los bancos pueden dedicarle a este programa con beneficios en encajes (depósitos de los bancos en el BCRA). Los bancos que más presten podrán utilizar más recursos del efectivo mínimo (dinero inmovilizado) para comprar Leliqs al 37% anual (Clarín, 30/7).

Vida a crédito

Las últimas estimaciones privadas del nivel de endeudamiento de la población argentina revelan que el 73% de las familias de los sectores medios tienen deudas, aumentado un 10% la diferencia respecto a un año atrás (consultora D’alessio Irol).

Al margen de las entidades financieras vienen creciendo las entidades identificadas como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC), alcanzando a 6,1 millones de personas por un monto de $195.000 millones de deuda (Iprofesional, 21/4).

Un dato significativo es que el propio saldo de las tarjetas de crédito se ha vuelto uno de los mayores focos de endeudamiento, con un 35%, de todo lo adeudado, correspondiente al refinanciamiento de deudas anteriores: cuando uno no puede pagar se sigue endeudando, pero ya no recibe nada a cambio.

Para peor, el gobierno suprimió el beneficio de los tres meses de gracia para empezar a pagar estas líneas de crédito, vigente durante la cuarentena, cuestión que desde algunas cámaras patronales reclaman que se restablezca para “alentar” el consumo. Lo mismo vale para productos textiles, que fueron eliminados del Ahora12 por las subas interanuales del 65% y sufren una caída del consumo del 20%; y los celulares, que cayeron de 10 millones de unidades vendidas en 2017 a 6,2 millones el año pasado, cuando más se necesitaron dispositivos de conectividad.

Está claro que la medida del gobierno busca producir un “shock” de consumo a corto plazo, en vistas a mejorar su performance electoral, pero al costo de hipotecar el presente y futuro de la población trabajadora: no son solo créditos los que se necesitan, sino salarios con capacidad de compra y precios accesibles.

La salida a la caída de la actividad económica y del consumo solo puede representarse en un programa que represente los intereses de la clase trabajadora, partiendo de una recomposición general de los salarios para que cubran el valor de la canasta familiar ($103.000), el 82% móvil para los jubilados y un seguro universal al desocupado por arriba de la canasta básica. Los “estímulos” crediticios son pan para hoy y hambre para mañana, si no se soluciona la matriz social que lleva al empobrecimiento de millones de trabajadores y al enriquecimiento de unos pocos especuladores.