Salió a la luz que miembros de la Policía Bonaerense cobraban $1,6 millones de coimas al mes a cambio de garantizarle el monopolio de la venta de drogas a una banda en Florencio Varela. Un botón de muestra de cómo la institución policial en su conjunto está completamente entrelazada con el negocio del narcotráfico, que azota a la población trabajadora y la juventud de los barrios.

La Delegación de Narcotráfico de la Comisaría 2° del Florencio Varela no solo le garantizaba protección a un grupo de transas de la zona sino que le iniciaba causas judiciales al resto de las bandas con el objetivo de eliminar a la competencia. Actualmente, ese grupo operativo, el comisario y un oficial ayudante se encuentran imputados por el delito de “venta de estupefacientes agravada, cohecho e incumplimiento de los deberes de un funcionario público”.

No se trata de un hecho aislado, sino del modus operandi de la Bonaerense, que es lisa y llanamente una asociación ilícita garante del delito en la provincia de Buenos Aires. La ley de desfederalización de estupefacientes, sancionada en 2005, le facilitó a la “maldita policía” la tarea de organizar la venta de drogas en los barrios, ya que le confirió la potestad de tipificar e investigar los casos vinculados al narcomenudeo y al consumo. En otras palabras, se puso al “zorro al cuidado de las gallinas”. De este modo, se convirtió en la encargada de liberar zonas para el desembarco del narcotráfico en el territorio provincial, a cambio de llevarse una tajada del negocio.

Esta connivencia produce enormes padecimientos en el seno de las familias trabajadoras: pibes sumergidos en el consumo problemático, algunos reclutados por los narcos para usarlos como “soldaditos”, robos sistemáticos y balaceras en las calles. Un verdadero flagelo que pesa  sobre los hombros de los sectores más empobrecidos, del cual los uniformados sacan un rédito económico. A todas luces, el planteo de que la inseguridad se soluciona añadiendo más policías no tiene asidero en la realidad.

Como contrapartida, los agentes policiales se ocupan de criminalizar a los consumidores. Según los últimos datos publicados por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en 2021 cayó 4,74% interanual la cantidad de investigaciones penales iniciadas por comercialización de estupefacientes, mientras que en el mismo período creció 46,74% el número de investigaciones por tenencia de estupefacientes. A su turno, el 60,3% de las personas detenidas por infringir la Ley de Estupefacientes durante el 2021 está bajo prisión preventiva, es decir, privadas de su libertad a pesar de no tener condena firme.

Como vemos, el “combate al narcotráfico” por parte de la policía de Berni consiste en encarcelar a los eslabones más débiles de la cadena mientras los “peces gordos” gozan de total impunidad. Son los pibes pobres -algunos víctimas de haber sido reclutados para el narcomenudeo- quienes pueblan las cárceles bonaerenses y deben esperar el llamado a juicio encerrados tras las rejas; un trato muy diferente al que reciben los delincuentes de las clases acomodadas.

El gobernador Axel Kicillof, lejos de desarmar esta mafia, la refuerza otorgándole cuantiosos recursos. En sus primeros tres años de gestión se incorporaron 4.198 efectivos a la Policía Bonaerense, compró 4.500 patrulleros nuevos y comenzó la construcción de 12 mil plazas en unidades penitenciarias y alcaidías. Sucede que necesita de los servicios represivos que ofrece esta fuerza en descomposición para llevar adelante sus políticas de ajuste sobre las mayorías populares, en momentos donde la provincia de Buenos Aires es un polvorín social: sin ir más lejos, la pobreza en el conurbano asciende al 47%.

Para desarticular el entramado criminal entre el narcotráfico y la Bonaerense, hay de desmantelar a esta última. En el camino, debemos organizarnos en cada barrio para sacar a los jóvenes de la droga, peleando por centros de rehabilitación, espacios deportivos y culturales y trabajo genuino, como lo viene haciendo el movimiento piquetero a lo largo y ancho del país.

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