En estos 9 meses de gobierno Macri ha avanzado en una orientación privatista y ajustadora en salud mental. El objetivo del macrismo es la liquidación de todo lo precarizado por el gobierno anterior: tanto dispositivos alternativos y abordajes comunitarios, como así también de las propias condiciones laborales de los distintos profesionales (especialmente en el Nivel de Atención Primaria de “territorio”) intervinientes. De este modo, pretende abrir un campo mayor para nuevos negocios privados en el ámbito de la salud mental.

Desde la Dirección Nacional de Salud Mental, Andy Blake ha manifestado su intención de desarrollar en el campo de la salud mental diversas áreas vinculadas a las neurociencias. Esto ha despertado una alerta y un debate. Bajo una orientación social de contenido capitalista, las neurociencias son la punta de lanza de una vasta reforma en el área: la reconversión de instituciones hospitalarias monovalentes en centros de investigación que oficiarán de protocolos y tercerizadas de laboratorios y empresas de la industria farmacéutica a partir de la atención de pacientes y usuarios. Ya existe un proyecto del Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo esta reconversión con el Hospital Alvear.

Durante el gobierno anterior, debajo del barniz “sociocomunitarista” de algunos programas, las políticas de Juan Manzur también se orientaron a los negocios capitalistas con la salud: los laboratorios y pulpos farmacéuticos han sido uno de los sectores con más ganancias de la “década ganada” y con ellos se fortaleció el lobby corporativo “médico hegemónico”. Luego de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, el ministro Manzur, lejos de promover una transformación en su campo, abonó el terreno para la liquidación que encara el macrismo: feroz precarización de efectores y dispositivos públicos; cero inversión para la apertura de nuevos servicios de “internación breve”; tercerización de efectores o dispositivos de reinserción o “rehabilitación” (Casas de Medio Camino, Residencias Protegidas, Centros de Día, etc.) hacia el sector privado (obras sociales, fundaciones, ONGs). La reglamentación tardía de la Ley fue en parte producto de una negociación del propio Estado con las “corporaciones médicas” para adaptar su contenido a los intereses de las clínicas psiquiátricas privadas, muchas de ellas maquilladas ahora como “dispositivos alternativos”.

En este cuadro, una de las situaciones más preocupantes es la indicación del cierre casi obligatorio de los monovalentes de todo el país para el año 2020, indicado por el Plan Nacional de Salud Mental (2013) y los organismos de la OPS-OMS. Blake anticipó que dejará librada a las autoridades provinciales y municipales la aplicación de las principales medidas contenidas en la Ley y su reglamentación.  El cierre y/o “reconversión” de las instituciones monovalentes bajo las gestiones privatistas, lejos de orientarse a una inclusión social del paciente y usuario cronificado, se desenvolverá sobre los carriles de nuevos negociados y mayor desatención y abandono de la población sanitaria.

Los trabajadores de la salud debemos separar el debate válido entre paradigmas científicos y profesionales del contenido que le imprimen los gobiernos del ajuste, el vaciamiento y la precarización laboral. No le concedemos a Blake ningún interés genuino en las neurociencias ni a los anteriores en el abordaje “socio comunitario” o “desmanicomializador”. Detrás de unos y otros estuvieron los negocios de la industria farmacéutica, las empresas de medicina privada y la mercantilización de la salud. Lo que está en juego es un reforzamiento de esta orientación privatista que progresó bajo todos los gobiernos de las últimas décadas. En ese sentido marcha la Cobertura Universal de Salud anunciada por Macri y Lemus. Llamamos a organizarnos de manera independiente contra estas políticas de ajuste y privatización hoy ejecutadas por el macrismo y a debatir una salida y un programa en el campo de la Salud Pública y Mental a favor de los trabajadores, usuarios y pacientes.