El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, fue interpelado por Romina Del Plá por la deficiente asistencia alimentaria que reciben los comedores, que reciben menos de un tercio de los alimentos estipulados. El funcionario se excusó echándole la culpa a las alimenticias por el faltante de algunos productos, esenciales en las entregas a los comedores populares.

Fue en el marco del funcionamiento de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ante el cuestionamiento de la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, el ministro manifestó que “no podemos comprar azúcar y aceite hace tiempo por el nivel de concentración que tienen las alimenticias. Está claro que estas empresas están aumentando fuerte sus márgenes de rentabilidad y eligen no venderle al Estado para destinar los productos a la exportación”.

Dichas palabras implican el reconocimiento de algo inocultable a estas instancias, que las patronales hacen y deshacen a su parecer, fijando precios internacionales y beneficiándose de determinada coyuntura sin que el Estado juegue ningún papel en la defensa de la “mesa de los argentinos”, ni del propio presupuesto acotado. Pero la rentabilidad no solo crece por la suba de los precios internacionales, sino también por la caída de los salarios: algo que el gobierno impulsa con su política de “acuerdo e precios y salarios” y con el ajuste en el salario mínimo de miseria.

Cuando Zabaleta reconoce que la producción de alimentos está en manos de un puñado de capitalistas, que imponen las reglas del juego, y que el Estado es “prisionero” de esa dinámica, ¿qué le queda a los trabajadores y a las familias obreras, que todos los meses deben pagar esos alimentos al precio establecido por las patronales del sector?

El gobierno ha limitado su intervención a una política fracasada de regulación de precios, con programas como Precios Cuidados que sirven de cortina de humo para el negocio que amasan los capitalistas, aprovechando el alza internacional de las materias primas y los derivados alimenticios, y remarcando los precios nacionales, atacando así los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores.

La excusa de Zabaleta suena a lo dicho por el exministro Daniel Arroyo, cuando éste justificó los sobreprecios pagados a las patronales de la alimentación por las mismas razones que ahora ofrece el ministro vigente.

Lo que queda de manifiesto es que no existe ningún control de lo que el Estado hace con las compras de los alimentos, en un contexto donde lo presupuestado para el año entrante (según el proyecto en discusión) establece un aumento de solo el 59% de los recursos para Desarrollo Social contra una proyección trucha de la inflación en 60%.

El gobierno recorta el presupuesto para alimentos y lo malgasta en satisfacer los intereses de las patronales que venden su producción a precios que nada tienen que ver con su valor real de producción. O siquiera compra los alimentos, dejando a millones de familias sin acceso a insumos indispensables para una nutrición suficiente.

La libertad de las patronales es tal que existe un faltante aceites, a pesar de que el gobierno estableció un fideicomiso en el sector para garantizar la provisión local. Sin embargo, las patronales siguen exportando y haciendo sus negocios millonarios.

Para que exista transparencia en la compra y reparto de los alimentos es necesaria la conformación de una comisión que integre a las organizaciones sociales y piqueteras que sostienen los miles de comedores populares que funcionan en las barriadas obreras, para controlar y auditar las compras del Estado y la utilización de los recursos. Así como una ampliación del presupuesto asignado, que sirva a cubrir todas las necesidades planteadas.

Por el lado de las patronales, no basta con hace puchero y desentenderse públicamente de las responsabilidades, sino que es necesario abrir los libros de las mismas y ejercer un control obrero de los costos de producción y de toda la cadena de valor, para determinar el precio real de los mismos y eliminar todo tipo de especulación y/o internacionalización de los precios de los alimentos.