El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció este martes que el gobierno nacional no prevé prorrogar la suspensión de desalojos y el congelamiento de alquileres, vigentes hasta el 31 de marzo, lo que vaticina una ola de expulsión de inquilinos, ejecución de deudas impagas y crecimiento del déficit habitacional.

Para justificar esta medida, en medio de la pandemia y sus secuelas sobre la economía, Ferraresi se valió de la implementación de la nueva Ley de Alquileres, la cual instituye un procedimiento de mediación ante el Ministerio de Justicia, previo al desalojo: una forma “civilizada” para acordar la retirada del inquilino moroso.

Quienes opten por continuar la habitación de los inmuebles locados deberán afrontar el pago de sus respectivos alquileres con los aumentos pactados, más el prorrateo de los aumentos no abonados por el congelamiento y/o los meses no pagados. Una solución imposible.

Una crisis exponencial

La situación habitacional del país se está tornando imposible, como resultado de una serie de medidas y políticas del gobierno de Alberto Fernández.

La crisis habitacional, reflejada en numerosos conflictos de recuperación de tierras durante todo el 2020 –como lo fue Guernica-, da cuenta de un crecimiento de la demanda de vivienda en un cuadro de aumento de la desocupación y la carestía. Ante esto, el gobierno ha optado por una orientación represiva, privilegiando los negocios inmobiliarios por sobre las necesidades del pueblo trabajador.

A su vez, el mercado inmobiliario se encuentra atravesado por una reducción y encarecimiento de los alquileres de inmuebles, dado que muchos propietarios ya no lo consideran una opción rentable y se aprestan a poner en venta esos bienes, con escasa posibilidad de realización ante la nula existencia de créditos hipotecarios o poder adquisitivo de compra.

Los costos de las modificaciones introducidas con la reciente Ley de Alquileres fueron transferidos casi en su totalidad al valor de los alquileres y a los inquilinos. Ya que la ley estipula el índice según el cual se fijan los aumentos anuales, los propietarios parten de una base de alquiler mucho más alta. Lo mismo ocurre con la reciente regulación que obliga a estos a declarar los contratos ante la Afip, costo que también es adicionado a los alquileres.

Deudas y más deudas

Una reciente encuesta de Inquilinos Agrupados revela que el 80% de los inquilinos se encuentra endeudado para poder hacer frente a los alquileres y no quedar en la calle, resultando en que 2 de cada 10 no han podido abonar las cuotas (Iprofesional, 9/2).

Se trata de unos 2,4 millones de hogares que habitan 7,2 millones de personas. El mismo estudio arrojó que 1.249.500 de hogares no pagaron el alquiler de enero o solo lo hicieron parcialmente (ídem).

El ministro también se refirió a los damnificados de las hipotecas UVA para soslayar la situación que están padeciendo, prisioneros de la especulación inmobiliaria y de la inflación. Desde el 31 de enero que no rige el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA y que se implementa la convergencia de los aumentos postergados con los actuales, resultando en subas superiores a la inflación. “No hemos tenido por el momento ningún reclamo, los bancos tienen que aplicar 35% al límite del ingreso familiar”, mencionó Ferraresi, quien es desmentido por los propios damnificados, algunos de los cuales el pasado 10 de febrero realizaron una acción frente al Congreso de la Nación.

Sin donde vivir

Según el sitio Zonaprop, durante el 2020 los alquileres subieron un 62% contra una inflación del 36,1%. La extinción masiva de contratos prevé una fuerte presión de la demanda sobre una oferta en caída, lo cual anticipa nuevas subas.

En el mientras tanto, el gobierno no ofrece ninguna alternativa, salvo un abanico variopinto de anuncios sin fecha, programas limitados y expresiones de deseo, como lo reconoce el propio Ferraresi: “los privados determinarán otras alternativas, el mercado tendrá que ofertar para otro tipo de sectores, ofrecer créditos hipotecarios; por el momento no hay, estamos estudiando algunas cuestiones desde el Estado”.

Alberto Fernández anunció 263.000 “soluciones habitacionales”, entre el 2021 y 2023, con el plan Casa Propia, lanzado en diciembre del 2020 y del que solo consta un video publicitario en la página oficial. El decreto que aprobó la medida solo habla de 120.000 casas en tres años, sujetas al “presupuesto disponible”.

En estos días se han prestado a celebrar una ley que estipula la “terminación” de 55.000 viviendas comenzadas durante el macrismo, las cuales ahora se presentan como nuevas soluciones y las que dependen de la respuesta de la patria contratista a los “estímulos” e “incentivos” otorgados por el gobierno. De efectuarse, y aunque se trate de proyecto viejos, Ferraresi ya las computa dentro del Casa Propia.

Otros, como el Argentina Construye, lanzado en mayo del 2020, carecen de informe alguno y en el sitio del ministerio aún se conserva la redacción de un programa de “aplicación futura”. De los 30.0000 créditos de la Línea Construcción del Procrear solo están habilitados 10.000, para quienes cuentan con un lote propio. Para el caso de las viviendas la oferta es escasa y con varios requisitos excluyentes.

El congelamiento de los alquileres y la suspensión de desalojos debe prorrogarse hasta fin de año, más ante las perspectivas de un 50% de aumento en la inflación, y que el diferencial por el congelamiento sea abonado por el Estado. Esto incluye a los créditos UVA, cuya deuda debe ser reestructurada y sus contratos desanclados de la inflación. Por un Banco de Tierras para la construcción de viviendas, con un plan de obra pública bajo control de los trabajadores y créditos accesibles para toda la población, con un tope que no supere el 25% de los ingresos familiares.

Basta de banca usuraria, por su nacionalización bajo control de los trabajadores.