Alquileres: el gobierno prepara protocolo para cubrir los desalojos

Este 31 de marzo culmina el plazo del congelamiento de las cuotas de los alquileres y de la prohibición de desalojos dispuestos con motivo de la pandemia de coronavirus. Cuando se espera una ola de lanzamientos judiciales, el gobierno dispone el armado de un “protocolo para casos críticos”, como cortina de humo de una política que agrava la crisis habitacional presente.

Del protocolo en cuestión solo se conocen generalidades dispuestas por la recién publicada Resolución 88/2021, la cual no deja de señalar que estamos ante una medida decorativa, que busca lavarle la cara a un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat más que pintado.

La resolución instruye la confección de un informe respecto a los procesos de mediaciones solicitados –previos a la acción judicial de desalojo desde la nueva ley- y la existencia de sentencias de desalojo para los casos de “contratos de locación comprendidos” en la normativa que expira.

El propósito de esto sería “actuar” sobre los casos de mayor exposición, priorizando a “las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad”.

Aún no hay claridad respecto a qué medidas adoptará el Estado para estos casos ya que las mismas no son especificadas, lo que en principio es igual a nada. En el mejor de los casos quizás podrían accederse a prestaciones transitorias, nacionales y/o provinciales, como ya ocurre en muchos lugares, donde son el recurso de los gobiernos para intentar desmantelar procesos de recuperación de tierras, o conflictos en hogares transitorios, como ocurre en CABA.

También, vale la pena aclarar que los sectores más vulnerables se encuentran por fuera de las disposiciones de esta resolución, ya que muchos de los inquilinos más pobres carecen de contratos registrados o de cualquier tipo de documentación que los ampare.

Crisis habitacional

En unos pocos días millones de inquilinos deberán afrontar, agravadamente, los costos en ascenso del alquiler de propiedades inmuebles, lo que no es más que una manifestación de la crisis habitacional reinante.

Más aún, no solo se trata de actualizaciones abruptas impagables, sino que los inquilinos deberán cubrir la deuda acumulada durante todo un año, en un plazo de 12 meses: es decir que concurrirán la suba de precios más las deudas, en un cóctel megaexpulsivo.

El “mercado habitacional” es un fiel reflejo de las contradicciones y la crisis económica y de la total ausencia de políticas habitacionales. Los alquileres vuelan por las nubes, con más de un 60% de aumento en 2020, y los propietarios siguen trasladando los costos de la nueva normativa al precio final.

Además, la caída de la oferta de inmuebles en alquiler, por la baja rentabilidad, también ha sumado su carga sobre valores ya acrecentados ante la inviabilidad de cualquier alternativa (comprar, construir, ampliar).

Como contrapartida, los precios de las ventas caen en un país donde casi la mitad de la población no puede costear una Canasta Básica Total, donde el crédito hipotecario (casi inexistente) se ajusta a una inflación en alza y los salarios se encuentran pisoteados ante el acuerdo con el FMI y el capital financiero.

La ausencia de medidas del gobierno sale a la luz en cada una de las pocas palabras de la resolución aprobada. El ministerio de Jorge Ferraresi solo “instruye” a la Secretaría de Desarrollo Territorial a “arbitrar” en la “cooperación y colaboración” con entes provinciales y locales la ejecución de proyectos de viviendas con fondos del Estado nacional. Se trata de una generalidad ya que el Plan Casa Propia sigue en estado de elaboración perpetua.

Desde las entidades que nuclean a las inmobiliarias han planteado como “solución” una “Tarjeta Alquilar”, como subsidio a los inquilinos para el financiamiento de sus deudas: hasta los especuladores inmobiliarios se ven venir la crisis en puerta y ven acotados sus ingresos futuros.

Para salir de esta situación es preciso extender la prohibición de desalojos y el congelamiento de alquileres hasta fin de año, con un resarcimiento estatal para dueños que sean trabajadores. Por un Banco de Tierras para la construcción de viviendas, con un plan de obra pública bajo control de los trabajadores y créditos accesibles para toda la población, con un tope que no supere el 25% de los ingresos familiares.

La situación de los alquileres e inquilinos no escapa a la naturaleza de la crisis social y económica, por lo que es imprescindible la lucha por salarios y paritarias sin techo y medidas de fondo para garantizar el acceso a la vivienda de millones de trabajadores.