A partir de este mes rige la actualización de los aumentos de los contratos de alquiler suscritos desde julio del 2020 en adelante, con un primer aumento del 41%: superando la media de los salarios.

Se trata del Índice para Contratos de Locación (ICL) establecido por la nueva ley, que ata la suba anual de los alquileres según un promedio del Ripte (salarios) e inflación. El índice es publicado todos los meses por el BCRA.

Si bien está sola cuenta ubica al promedio de los salarios, en el marco de una fuerte tendencia inflacionaria, por debajo de los precios -y del promedio de la combinación de ambos- la cuenta es aún más perjudicial para los trabajadores ya que el Ripte toma el promedio de los trabajadores declarados en relación de dependencia que aportaron al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) durante los últimos 13 meses, totalizando un promedio más alto.

Por fuera quedan millones de trabajadores precarizados ocultos en el monotributo, trabajadores no regularizados (con salarios más bajos) y precarizados del Potenciar Trabajo, a quienes el gobierno si cuenta como trabajadores para otros fines estadísticos, entre otros.

Sin vivienda, ni crédito

El mercado inmobiliario se encuentra sacudido y tensado por la crisis habitacional, el ajuste aplicado por el gobierno y la ausencia de toda política orientada a garantizar el derecho a la vivienda.

La disparada de los alquileres no solo responde al salto en la inflación y los promedios utilizados, sino que los propietarios han trasladado la mayoría de los costos adicionales, introducidos por la nueva ley, a los inquilinos.

La política de ajuste del gobierno, con alta inflación y presión fiscal indiferenciada -a especuladores y a propietarios de un solo inmueble- han golpeado la rentabilidad del sector, lo que implica el pasaje de decenas d emiles de inmuebles del mercado de alquileres al de ventas. Esto implicó que los nuevos contratos de alquiler partieran de aumentos del 70%, con una oferta achicada, para “cubrir” las espaldas de los propietarios.

En el otro orden de cosas, los inmuebles en venta se multiplican ante la ausencia de compradores. Es que nadie cuenta con dólares en mano, ni con capacidad económica de afrontar estos valores, aunque estén entre los más bajos en los últimos años. El poder adquisitivo de los salarios no alcanza para ahorrar, ni mucho menos para adquirir dólares a un valor real que oscila los $170.

Tampoco existe crédito hipotecario para los trabajadores, ni plan de viviendas universal, sino solo algunos programas acotados cuya accesibilidad está restringida por distintos requisitos y sometida a sorteo. El poco crédito que existe implica justificar ingresos exorbitantes y se ajusta según la evolución del dólar: una trampa con resultados más que cantados.

Este ajuste sobre los inquilinos y los trabajadores no existiría si los salarios le ganaran a la inflación  y se indexaran conforme a la evolución de los precios. Pero esto es solo el comienzo, hay que garantizar ingresos superiores a la canasta familiar de $100.000 y créditos hipotecarios a tasas cero, hasta un 25% de los ingresos de los trabajadores, para poder acceder a la vivienda propia. En el actual mercado, solo los especuladores inmobiliarios pueden adquirir una propiedad o un terreno. Es necesario terminar con estos negocios a costa de los trabajadores con un Banco de Tierras para poner utilizar la tierra ociosa y fiscal en obras de vivienda para los trabajadores.