El secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti, inició tratativas con representantes inmobiliarios y de inquilinos para “acercar” propuestas de cara a la crisis de alquileres y el fallido esquema de la nueva Ley de Alquileres. Las medidas de ambos sectores resultan antagónicas, en medio de un deterioro del poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Feletti mantuvo reuniones con la Cámara Inmobiliaria Argentina y con la Asociación de Inquilinos, a petición de estos últimos bajo la denuncia de que el flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, no habría convocado a las partes ni producido novedades respecto a la crisis habitacional y de alquileres desde su asunción.

Como era de esperarse estas resultaron inconducentes: propietarios e inquilinos se ven afectados por el impacto de la Ley de Alquileres, en el escenario económico actual, aunque difieren de las razones. Mientras los primeros demandan volver a acuerdos de locación bianuales, con aumentos semestrales, descontando tasas e impuestos y con mayores libertades, los segundos reclaman por mayor previsibilidad, oferta de inmuebles y regulación y control del mercado.

Un problema que excede a la regulación

Los precios de los alquileres se han disparado por las nubes desde la implementación de la Ley de Alquileres, aunque no sería justo atribuirle toda la responsabilidad a esta. Como denunció Romina Del Plá, desde la banca del FIT-U en el Congreso de la Nación, la nueva regulación no implica una solución al problema subyacente de los magros ingresos de la población trabajadora y la falta de accesibilidad a la vivienda.

Las regulaciones sobre el mercado de alquileres, sumada la obligación de denunciar los contratos ante la Afip, han sido abordadas por los propietarios trasladando los mayores costos y la incertidumbre a los inquilinos, lo que se ha expresado en un salto en los precios de los alquileres. Además, la caída de la rentabilidad de las locaciones, calculada en alrededor de un 3% anual en dólares, ha hecho de este un negocio poco lucrativo, derivando en el pasaje de los inmuebles a la venta y achicando la oferta de inmuebles en alquiler, aumentando la presión sobre estos y por ende los precios.

Según el sitio especializado Zonaprop un alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA, de 50 m2, puede llegar a costar $46.890 por mes: un 60% de la canasta familiar de pobreza de $76.146.

Se estima, según cifras de la Encuesta Permanente de Hogares, que en el país hay 2.804.838 de hogares inquilinos y unas 7.512.903 personas inquilinas. Solo en CABA existen unas 120.000 propiedades en venta, holgadamente por encima de la media de 50.000, para la misma ciudad, con casi nula posibilidad de realización en el corto plazo. Cabe agregar que el proceso especulativo de las grandes inmobiliarias y desarrolladoras impacta fuertemente en las principales concentraciones urbanas, donde el precio del metro cuadrado sube debido al acaparamiento de las escasas tierras y a las inversiones capitalistas como refugio de valor en unidades suntuosas y vacías.

No hay puntos de encuentro

Así las cosas, la “pretensión” del gobierno de buscar un punto común entre propietarios e inquilinos es solo una ficción que busca encubrir el lobby inmobiliario por la desregulación del mercado de alquileres. Las asociaciones de inquilinos se aferran a la actual ley en vistas a que cualquier modificación implicaría carta blanca para las inmobiliarias, que buscan que el mercado se “autorregule”.

El índice que se aplica actualmente genera una situación en la que los aumentos son mucho para los inquilinos y poco para los propietarios: aunque se trate de un punto medio no hay encuentro “regulable” entre ambas realidades.

Esto se debe, principalmente, al deterioro de los salarios, vía ajuste e inflación, que ha hecho crecer aún más la crisis habitacional preexistente. Según el Ministerio de Trabajo, un trabajador con un ingreso neto de $100.000 necesita 14,2 años de ingresos para poder acceder a un departamento en CABA, de dos ambientes y 42 m2, de unos 80.000 dólares, si aplicara todos sus ingresos a este propósito. Si esto resulta “poco probable”, para la media que cobra $60.000 es prácticamente imposible. Además, el gobierno no ofrece ninguna política de crédito hipotecario a tasas cero, ni nada que se le parezca a una oportunidad de acceder a una vivienda.

La solución real pasa por una recomposición general de los salarios, para ubicarlos por arriba de la canasta familiar que la Junta interna de ATE-Indec mide en $123.598, para el mes de diciembre. A su vez, se necesita de un plan de viviendas nacional y un Banco de Tierra, ociosas y fiscales, y crédito hipotecario indexado según salarios y de acceso universal, con cuotas que no superen el 25% de los ingresos familiares. También debe desgravarse de todo impuesto a la vivienda única y los alquileres, y gravar la especulación inmobiliaria y la vivienda ociosa, cuya actividad impulsa el alza del precio de la tierra habitable y los bienes inmuebles.