La renta anual sobre los inmuebles residenciales se encuentra en una tendencia alcista, contrario a lo que ocurre con los inmuebles corporativos, bajo el influjo de un mercado de alquileres de escasa oferta, un índice de actualización que se ajusta por arriba de la inflación, el derrumbe de los precios de venta y contratos nuevos con “remarcaciones fuertes”. La vivienda es, cada vez más, un negocio que deja sin techo a millones de familias.

La información se desprende de un trabajo conjunto entre la empresa de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield junto al medio especializado Reporte Inmobiliario, y concluye que la rentabilidad anual de los inmuebles residenciales aumentó de 2,4% a 3,4%, mientras que la correspondiente a los inmuebles corporativos y oficinas pasó del 5% al 4,5%, según datos correspondientes a los primeros tres meses del año.

La rentabilidad inmobiliaria se desprende de la relación entre el valor de compra/venta del inmueble y el precio de locación del mismo, para determinar la renta anual -los frutos producidos por dicho inmueble- con su alquiler.

Mientras que la caída de la renta inmobiliaria corporativa puede explicarse tanto por la parálisis de la economía, sin que se destaque una suba en los valores de venta de dichos inmuebles, la suba de la renta de las viviendas residenciales se debe a los efectos actuales de la Ley de Alquileres y los especuladores inmobiliarios.

La caída de los precios de venta de las viviendas, en un mercado saturado y con escasas realizaciones, se combina con una disparada de los precios de los alquileres, que siguen una evolución según el Índice para Contratos de Locación –que toma la inflación y los salarios del Ripte-, garantizando un piso de aumentos altos, y pegan un salto con contratos nuevos donde se incorporan aumentos significativos sobre la base de las especulaciones del mercado.

Esta suba en la rentabilidad de las viviendas residenciales es un síntoma más de la crisis habitacional: la renta sube porque la población no puede acceder a una vivienda, en un proceso donde se impone la naturaleza comercial por sobre el acceso a un derecho fundamental.

Tampoco ayuda que los precios de los costos de construcción sigan un espiral alcista, con un aumento en el último mes del 6,3% y un interanual del 86,3%, lo que restringe otras alternativas frecuentes como la ampliación de las viviendas existentes para satisfacer parcialmente las necesidades habitacionales.

La crisis habitaciones se agrava y los especuladores inmobiliarios se valen de ello para hacer negocios. Se trata de un régimen social que no puede satisfacer las necesidades más elementales de la población. Contra el negocio de los especuladores, defendamos el derecho a la vivienda con crédito hipotecario a tasas cero y accesible a la población trabajadora, trabajo genuino y salarios que cubran la canasta familiar, plan de viviendas, banco de tierras e impuestos progresivos contra los acaparadores y especuladores.

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