El próximo 31 de enero finaliza la vigencia del decreto de congelamiento de alquileres, de desalojos y de actualización de los créditos UVA, lo que supondrá un brutal golpe sobre las familias trabajadoras cuyos bajos ingresos les han impedido adquirir o construir la casa propia o que han ingresado en el programa UVA, vendido por el macrismo como una panacea y que lo es solo para los bancos acreedores.

La consecuencia es que el 60% de los inquilinos manifiesta que no sabe dónde va a ir a vivir en los próximos meses si no se prorroga la disposición que limitó parcialmente los desalojos desde el inicio de la pandemia, según una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos (Infobae, 18/1).

Ante esto, el gobierno, según versiones periodísticas, prevé extender solo por uno o dos meses la vigencia de la medida lo cual mantiene una espada encima de la cabeza de los que deben pagar un alquiler por su vivienda. Es que, “una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos” deban saldar “en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos” (Idem).

Es decir que no solo deberán enfrentar el aumento del alquiler según el contrato que hubieran firmado, sino también el pago de la diferencia acumulada a lo largo de un año de congelamiento (más los intereses). Un verdadero cuadro de expulsión de miles y miles de familias trabajadoras.

Pero, como destacan desde la Campaña #ProhibidoDesalojar “no existen chances de afrontar subas de alquileres y mucho menos las cuantiosas deudas que les trabajadores hemos acumulado desde hace ya casi un año, siendo que muchas veces tuvimos que optar por comer o pagar el alquiler”.

Esto, además, en el caso de los alquileres en “blanco” porque, como también indican en la Campaña, el decreto “fue de un cumplimiento parcial para muchxs de nosotrxs que vivimos en hoteles, pensiones, villas y casas colectivas. Sin posibilidad de acceder al circuito formal de alquileres, vemos cómo la normativa nos pasa por el costado”

El agravamiento de la situación de los inquilinos la muestra el dato de que el costo del alquiler en CABA aumentó en el último año un 57,1% (a $22.000), en el caso de los departamentos de un ambiente; un 47,1% (a $25.000) en los de dos ambientes y un 60% (a $40.000) en los de tres ambientes. (Ámbito, 18/1).

Los deudores UVA, también abandonados

Por su parte, el gobierno se desentendió de las más de 100 mil familias que tomaron los denominados créditos UVA durante el macrismo para la compra de una vivienda con cuotas cuya actualización está atada a la inflación que entre el 2019 y el 2020 creció un 90%. En este caso ni siquiera se prevé establecer una prórroga pese al cuadro crítico que vive esa cantidad de familias trabajadoras que no puede hacer frente al pago de las cuotas, dejándolas en la puerta de perder sus viviendas a manos de los bancos “que la juntaron en pala”.

Esto por la sumatoria de la crisis –pandemia incluida- que ha dejado a millones de trabajadores despedidos, a otros tantos con reducciones salariales directas o por las paritarias a la baja firmadas por todas las burocracias sindicales, con la consecuencia de que más del 40% de la población tiene hoy ingresos que no les permiten cubrir la canasta de pobreza.

El salario mínimo, un parámetro que se utiliza para establecer el ingreso de una masa de trabajadores, perdió un 14% respecto de la inflación en el 2020, lo que se suma al retroceso de casi el 25% durante los años del gobierno macrista.

Con el cínico argumento de que se trata de un “acuerdo entre privados” se coloca en paridad a los grandes bancos con los y las trabajadoras que tomaron los créditos UVA y han realizado y realizan enormes esfuerzos para poder mantener su vivienda pagando mensualmente las cuotas. La “solución” pergeñada desde el gobierno es que el brutal aumento de las cuotas que sobrevendería luego del descongelamiento, por la inflación acumulada del último año y medio, los tomadores de los UVA lo vayan sumando a las cuotas mensuales, también actualizadas por inflación, a lo largo de 18 meses.

Así, “desde febrero y hasta julio de 2022, las cuotas sufrirán aumentos por encima de la inflación, de modo tal que los hipotecados “devuelvan a los bancos” las sumas no abonadas por efecto del congelamiento (Ámbito, 18/1).

Según destaca el oficialista Página 12 (18/1), “con este esquema, entre febrero 2021 y julio 2022, las cuotas podrían aumentar 190%, entre la inflación (según la estimación del REM-BCRA y lo ajustado por el plan de convergencia, según proyecciones del colectivo de hipotecados)”.

Como lo plantean las organizaciones que agrupan a inquilinos y tomadores de créditos UVA, no alcanza con una eventual mínima prórroga en el congelamiento sino que se requiere una solución de fondo al tema de la vivienda que afecta a millones de familias trabajadoras. Ante la nula respuesta oficial a esta necesidad, se ha desarrollado un proceso de organización de los afectados que han ganado y planifican seguir ganando las calles para defender el techo.

 

Así, el próximo 21 de enero vecinas/os, inquilinas/os y organizaciones de CABA y GBA nucleados en la Campaña #ProhibidoDesalojar concentran en el Obelisco a las 10 horas para movilizarse al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, encabezado por Jorge Ferraresi, para reclamarle una respuesta habitacional definitiva ante el déficit estructural de tierra y vivienda para la clase trabajadora.

Los reclamos son que se extienda el congelamiento de alquileres y desalojos hasta el 31 de diciembre de 2021, tanto para los alquileres regulares como para los precarios.

Que el diferencial por congelamiento no deba ser abonado por les inquilines, sino que sea costeado por el Estado.

Por un plan de tierra y vivienda para todos los trabajadores que no cuenten con el techo propio.

Los tomadores de créditos UVA, nucleados en Hipotecados UVA, que vienen peleando por sus viviendas contra los bancos usureros, deben avanzar hacia la unidad de acción y de lucha de todos los trabajadores afectados por los problemas de vivienda. Basta de banca usuraria, nacionalización de la misma sin pago y bajo control de los trabajadores. Por una hipoteca justa, predecible y pagable que no supere el 25% del ingreso familiar.

Por verdaderos planes de vivienda populares, ejecutados por el Estado y bajo control de los trabajadores.