Sociedad
4/8/2022
CABA
Años de abusos y encubrimiento en el Colegio del Salvador
La valiente denuncia de los jóvenes vs la complicidad eclesiástica y estatal.
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Imagen Infobae
En el 2002, Pablo Vio y Gonzalo Elizondo tenían 10 y 11 años y según su propio relato un cura del colegio al que asistían comenzó a abusar sexualmente de ellos. Los abusos sexuales sucedieron entre fines de los años noventa y el año 2003, en el jesuita Colegio del Salvador, en CABA. Esta es la congregación a la cual pertenecía Jorge Bergoglio, y que condujo durante años hasta que se convirtió en Papa. Los hechos sucedidos entre 2001 y 2002 salieron a la luz en las últimas semanas a partir de la acusación pública de los exestudiantes y un reclamo que llevaron a las autoridades del colegio.
Por miedo y vergüenza, ambos jóvenes decidieron mantener el silencio hasta que de grandes y charlando con otros alumnos se dieron cuenta que habían sido muchos (más de diez) los abusados. Fueron al colegio a hablar con las autoridades y sólo recibieron unas disculpas indiferentes. El abusador, César Fretes, fue trasladado a Mendoza. Murió en 2015 y la causa quedó prescripta. Allí Bergoglio fue profesor de Literatura y Psicología, además de “director espiritual” y “confesor”. Cuando ocurrieron los hechos, además, el actual papa ya era cardenal y arzobispo de Buenos Aires.
Fretes era tutor de los alumnos de sexto grado, una suerte de preceptor del último año de primaria. Luego los chicos pasaban al secundario y ya no volvían a verlo. Así, los abusos se sucedían año tras año sin que se los denunciara. Finalmente una de sus víctimas -que aún prefiere no hablar- lo charló con un compañero. “Yo tenía un mejor amigo que se juntaba mucho a hablar con César, tenían mucha confianza. Y un día mi amigo me cuenta que se estaba sintiendo muy incómodo porque estaban sucediendo cosas que lo incomodaban… le tocaba los genitales y lo masturbaba un poco. Yo le dije que me parecía raro y que se lo tenía que contar a sus viejos. Y lo mismo escuché de otro amigo más, que también era de mi curso. Yo les insistía a los dos que se lo contaran a sus padres, porque no entendía bien qué pasaba, pero me parecía raro”, cuenta a Infobae ese compañero, que prefiere mantener el anonimato para no exponer a quienes prefieren no hablar públicamente.
Vio y Elizondo presentaron hace pocos días un reclamo ante las autoridades de la Compañía de Jesús, por considerarse víctimas de “daños morales, psicológicos y patrimoniales”. A la vez exigen una reparación (pese a que hay daños irreparables) por lo sufrido. En el texto presentado, los dos hombres citan al propio Francisco cuando éste afirma (cínicamente) que “para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia”. Ese reclamo tiene como objetivo recibir una reparación integral por los daños causados, tanto psicológicos, morales como patrimoniales, según el documento presentado. Aseguran que hay, al menos, 30 víctimas más que fueron abusadas por el cura en cuestión a partir de los mensajes de apoyo que recibieron tras hacer pública su historia. Las autoridades del Colegio, amparadas por la cúpula eclesiástica porteña, rechazaron todos los pedidos de los denunciantes- y sin siquiera desmentir que el traslado de Fretes a Mendoza haya sido por abusar a una decena de niños.
El caso pone de manifiesto el accionar de la Iglesia Católica para garantizar la impunidad, pero, más profundo aún, reveló la total ausencia de control estatal sobre lo que sucede en las escuelas confesionales. Otro testimonio de que la Iglesia opera como un Estado aparte. Esto cuando se giran millones de pesos en subsidios a estas escuelas y colegios confesionales, junto con las exenciones de impuestos, el financiamiento para la remodelación de sus propiedades en concepto de “obras públicas”, o la cesión de terrenos e inmuebles que engrosan el inmenso patrimonio inmobiliario de la Iglesia.
De hecho el del clero es un trato preferencial dentro de una política de privatización de la educación. De las escuelas primarias privadas laicas 1 de cada 5 recibe subvenciones públicas por entre el 80 y 100% de sus presupuesto docentes, mientras que entre las católicas (que las superan en número) casi 4 de cada 5 reciben entre el 80 y 100% del total de sus gastos.
Larreta y Acuña son el vehículo de la clericalización de las educación, como reveló incluso el intento de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas. Este es uno de los motivos por el cual no se aplica la educación sexual integral en las escuelas de CABA, que es un reclamo histórico de estudiantes y docentes. A 15 años de su sanción los bloqueos provenientes de sectores antiderechos vinculados tanto a las iglesias, católicas como evangélicas, se han mantenido amparándose en el famoso artículo 5 de la ley 21.150 (concedido por el kirchnerismo al sancionarse la ley en 2006) y el artículo 8 de la ley 2110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tomando de referencia la lucha contra el cura abusador Raúl Sidders, éste será llevado a juicio. A casi un año de su detención, fruto de la incesante lucha que libró “Rocío”, su denunciante, junto al movimiento de mujeres de La Plata y organizaciones contra la impunidad de los abusos eclesiásticos, enfrentando todas las presiones que la cúpula de la Iglesia Católica desplegó para encubrir el caso.
Exigimos que se avance sobre los responsables eclesiásticos y estatales de los abusos en el Colegio, y acompañamos la valiente pelea que están dando los denunciantes para que el caso salga a la luz. Entendiendo a la lucha por la separación de la Iglesia del Estado como un punto fundamental para terminar con la protección política y el amparo de los responsables de los aberrantes delitos constantes del personal eclesiástico, y también contra el tutelaje ideológico y oscurantista que implica para la sociedad.
¡Separación de la iglesia del Estado!
¡Basta de impunidad y encubrimiento para los curas abusadores!
https://prensaobrera.com/politicas/massazo-contra-los-trabajadores-para-cumplir-con-el-fmi