El Indec publicó su segundo informe sobre el “Impacto del Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires”, que abarca el período agosto-octubre de 2020, en el cual observa que uno de cada tres jefes o jefas de hogar no tiene trabajo, y que cuatro de cada diez familias debieron endeudarse para subsistir. Sin embargo, el título del estudio oculta más de lo que esclarece, porque si bien el agravamiento de la crisis social es indisociable de la pandemia, lo cierto es que es resultado de una declinación económica capitalista que se descarga sobre las familias trabajadoras.

Según la encuesta realizada en Capital y el Conurbano bonaerense, una de cada tres familias tiene a su jefe o jefa de hogar sin trabajo. Este cuadro lapidario es más grave si solo se contempla a las mujeres, entre las cuales el 44,4% manifestó no tener empleo. Ello es en mayor medida producto de una situación previa, a la que se sumó que uno de cada diez sostenes de familia perdió su fuente laboral. La cifra no es mayor porque entre quienes perdieron su empleo uno de cada tres consiguió otro, pero en condiciones precarias si consideramos un informe anterior del Indec sobre el mercado de trabajo en 2020.

Incluso dentro del 59,7% de encuestados -siempre jefes o jefas de hogar- que tenía trabajo y lo conservó durante la pandemia, cuatro de cada diez pertenece a familias cuyos ingresos laborales disminuyeron. La situación es más grave cuando se toma solo a los asalariados no registrados, en el cual la proporción trepa a seis de cada diez hogares. En el caso de los trabajadores independientes (cuentapropistas) que conservaron su trabajo, tres de cada cuatro vio reducirse el ingreso familiar.

La encuesta también expresó que la mayoría de las familias adoptó alguna estrategia para contrarrestar su situación económica. Un 44,7% gastó ahorros o vendió pertenencias, y un 41,5% recurrió al endeudamiento -sea mediante el incumplimiento del pago de servicios o la toma de créditos, incluyendo el uso de tarjetas. Más destacable aún, uno de cada tres hogares redujo el consumo de alimentos.

El relevamiento dedica un ítem especial al teletrabajo. Entre los asalariados, un 35,7% trabajó desde sus hogares. Entre ellos, apenas uno de cada diez respondió haber recibido equipamiento por parte de su empleador y haber contado con un espacio exclusivo para desempeñar su jornada laboral. Casi seis de cada diez debió utilizar equipos propios; y de hecho en el Conurbano solo uno de cada cuatro los recibió de su empleador.

Cuenta además con un capítulo sobre la educación virtual, y aquí también se revela un escenario desolador. Más de la mitad de los hogares con niños y niñas de escuelas primarias públicas no cuenta con computadora o tablet, y uno de cada cuatro carece de conexión a internet. Incluso en aquellos que sí cuentan con equipos informáticos (el restante 46,6%), la gran mayoría (35,9%) contaba con uno cada dos o más personas (contra apenas un 10,7% con más de un equipo cada dos personas). Mal que le pese, la encuesta del Indec confirma la justeza de los reclamos de la juventud piquetera que se movilizó de a miles al Palacio Pizzurno.

El impacto social del Covid-19 vino a agravar una crítica situación previa. Ello no exime al gobierno, sino que evidencia quiénes son los que cargan con el peso de la crisis sobre sus espaldas, mientras Alberto Fernández descarta cualquier medida de asistencia social ante la bestial segunda ola de la pandemia y perpetúa la confiscación de los haberes jubilatorios y los topes paritarios. La lucha contra el ajuste fondomonetarista es de vida o muerte.

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