En la madrugada del lunes 17 de octubre, el joven de 28 años, Jonathan “Chocolate” Romero ingresaba muerto a la guardia del Hospital Fiorito (Avellaneda), luego de ser alcanzado por disparos de bala en la esquina de Ocanto y Larroque, a metros de Villa Inflamable, Dock Sud.

“La principal hipótesis apunta a que la discusión se originó a raíz de un problema de vieja data, vinculado a un hecho ocurrido en una vivienda de Bajo Flores porteño, adonde Romero había ido a robar drogas” (Zona Sur, 17/10).

La causa, caratulada como “homicidio”, es tomada por la Unidad Funcional N° 3, en los Tribunales de Avellaneda.

Los crímenes a causa del narcotráfico no son sucesos únicamente en Santa Fe o Rosario, como lo muestran los grandes medios periodísticos. Se esparce en todo el territorio nacional. Tampoco es novedad la responsabilidad por parte del Estado.

En julio de 2020, a pedido del gobernador Kicillof y Berni, se militarizó el Docke. Con un plan coordinado entre el Ejecutivo nacional, provincial y municipal (Todos-PJ), Dock Sud es patrullando por tres fuerzas (policía local, la Bonaerense y Prefectura Naval). Dichas recorridas se vienen efectuando desde hace varios años, fomentados también por el gobierno de Vidal (Cambiemos). El agregado de 2020 fue la instalación de retenes en “puntos estratégicos”, incremento de agentes, patrulleros, armas y presupuesto; incrementando la cantidad de razzias, detenciones arbitrarias y represión a les vecines, trabajadores y trabajadoras. En especial a la juventud. Pero no así poniendo en riesgo el millonario negocio narco.

A nivel mundial, según Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera un volumen que ronda entre 400 y 600 mil millones de dólares al año, equivalente al 10% del comercio global.

En febrero de 2021, el municipio de Avellaneda (PJ) firmó un acuerdo con las Secretaría de Políticas sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), un plan “que va a trabajar integralmente en relación a abrir espacios de atención, capacitar en los barrios, sumar al Programa Envión, y sumar también profesionales para la atención, entendiendo que hay que armar un plan integral que pueda acompañar a todas y a todos los que atraviesan problemas de consumo, fundamentalmente a nuestros jóvenes” (argentina.gob.ar, 18/02/2021).

La masacre de la cocaína adulterada, con 23 fallecidos y 80 internados, demuestra el fracaso del Estado, y la sostenida impunidad. A lo cual se le agrega que informes oficiales concluyen que se ha duplicado la cantidad de consumidores de cocaína, y triplicado en el caso de los adolescentes.

“El Ministerio de Seguridad argentino estimó que hasta el 12 de noviembre de 2021 se produjeron al menos 703 homicidios en la provincia de Buenos Aires, un promedio diario de 2,3 crímenes” (Small Wars Journal, 03/05).

Les propies vecines de Dock Sud ya no aguantan más. “El Paco, la merca corre como el agua acá. La laburan en cualquier horario. Mira que estamos a nada del centro, pero nada, acá la cana está metida hasta las manos”, relata Sandra, quien agrega que “esto no pasa solo acá, andá a Plaza Alsina, que venden drogas en la zona del mástil, se ve ni bien pasas. Pasan ‘los pitufos’ (policía municipal) y no hacen nada”.

El esclarecimiento del asesinato de Jonathan Romero deberá involucrar al Estado y sus fuerzas represivas y su vínculo con el narcotráfico y el delito organizado. La lucha contra contra los narcos no viene de la mano de incrementar la mano dura, que es utilizada en contra de los trabajadores. Para darle fin al negocio hiper millonario, que destruye vidas, es necesaria la elección popular de jueces y fiscales, el desmantelamiento del aparato policial descompuesto, y la puesta en marcha de una fuerza de seguridad social de nuevo tipo, bajo control de los y las trabajadores y trabajadoras.

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