Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa de mayoría estatal que administra el agua potable y la red de cloacas en la Ciudad y 26 distritos bonaerenses, avanzará en un tarifazo del 32% para el año en curso. En la misma línea que las privatizadas de la energía y los servicios, las empresas públicas del agua también comenzaron el sendero de los tarifazos, tomando el puntapié las del interior del país, hasta que Malena Galmarini y los principales funcionarios de Aysa anunciaron el fin del congelamiento de tarifas también en la ciudad porteña y los municipios más poblados del conurbano bonaerense.

Por el país recorren aumentos siderales en el coste de un servicio paupérrimo, que a cada minuto revela su vasto estado de desinversión y falta de obras. Las distintas empresas públicas que proveen el servicio de un sistema fragmentado a la administración de las provincias preparan enormes saltos. En Santa Fe, el gobierno anunció un tarifazo del 60% en el agua. En San Juan, 65%, el mayor aumento desde 2008. En Córdoba, se viene una suba que totalizará casi un 100% en solamente un año. Y por ahí sigue la lista.

El tarifazo de Aysa, que depende del Ministerio de Obras Públicas, vendría dividido en dos partes: un primer aumento del 20% en marzo, en sintonía del aumento “base” de los tres servicios básicos, y otro del 10% acumulativo en julio. Se estima que con la suba, son $5.600 millones que se ahorra el gobierno nacional.

Ahora bien, el estado de la red hídrica es calamitosa en todo el país. Una de cada tres personas en el país no tiene cloacas, y mientras Argentina está entre los treinta con mayores reservas acuíferas, la falta de acceso al agua potable alcanza a más de seis millones de personas, según el último informe de Condiciones de Vida del Indec. Esto, claro, mientras atravesamos la tercera ola de Covid , donde el acceso al agua se vuelve una necesidad mucho más elemental. Así las cosas, durante el pico más alto de la pandemia al momento, la crísis hídrica alcanzaba a varias provincias al mismo tiempo, dejando a millones de usuarios sin servicio.

Un enorme porcentaje de los mismos, a su vez, dependen de pozos, plantas potabilizadoras y otros mecanismos que constatan la precariedad del sistema en general. Eso mismo pasó hace dos días nada más en la nombrada San Juan, en Marquesado, donde las tormentas afectaron la planta potabilizadora y los vecinos comenzaron a recibir agua turbia por el servicio corriente. San Juan, provincia históricamente saqueada por la megaminería a cielo abierto, transita por una permanente crisis hídrica, aunque esta se vio particularmente potenciada en el último mes en el marco de la sequía generalizada y los incendios que cruzaron a medio país; y que expusieron la escasez y las dificultades en el acceso al agua potable en varias provincias más, que de igual forma tendrán aumentos tarifarios colosales.

A momentos de anunciarse la rubricación de un acuerdo humillante con el FMI, queda cuantiosamente claro que en esta orientación de ajuste fiscal -o “déficit cero”, como se le quiera decir, se coloca a los tarifazos como uno de los protagonistas del pacto. El gobierno viene profundizando una política de reducción cada vez mayor de los subsidios, y habilitando a que las privatizadas sean compensadas con la elevación de las tarifas. Ahora, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales retiran los recursos fiscales de las empresas públicas de agua, entonces, la diferencia se va nuevamente a las tarifas.

Miente alevosamente el gobierno cuando dice que el acuerdo con el Fondo se firmó “sin tener que llegar a un ajuste”. El ajuste ya se viene descargando, teniendo en su base a la licuación de salarios, jubilaciones y partidas presupuestarias de gasto social a través de la inflación. Ahora, tocó el turno de los tarifazos, que sin duda agravará el cuadro general de pauperización y miseria. Preparemos una movilización masiva para repudiar este acuerdo de hambre y de saqueo contra los trabajadores y las mayorías populares: este lunes pongamos en pie una gran reunión abierta desde las 18 horas en el Parque Lezama junto a las organizaciones que participamos de la enorme movilización del pasado 11 de diciembre contra el acuerdo con el Fondo. Es imperioso también que se abran los libros de Aysa y las empresas distribuidoras del agua al control de sus trabajadores y usuarios.