En este día jueves se desarrolló una audiencia en Aysa con motivo de la situación actual de las tarifas. La empresa de mayoría estatal que administra la provisión del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires busca sellar un primer aumento de hasta el 32% para ir luego por otro del 10% en el año en curso, siguiendo el camino de las demás prestadoras que en todo el país ya coronaron subas de hasta el 100%, y busca avanzar en una segmentación similar a las prestadoras de gas y electricidad. Aunque desde la empresa vaticinan incluso que con los aumentos propuestos “se cubriría un 20% de los gastos”, dejando la puerta abierta a la puja por aumentos todavía mayores (Ámbito, 18/5).

La organización del evento quedó a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (Eras), que la transmitió por su sitio web. Allí se pusieron algunos hechos sobre el tapete, por ejemplo que en el área de cobertura de Aysa habitan casi 14.7 millones de personas, por lo que, a simples cuentas, este tarifazo alcanzaría a casi un tercio de la población nacional. Pero no solo eso: la propia presidenta de la sociedad, Malena Galmarini, reconoció que el servicio de agua potable llega a 10.9 millones y el de cloacas a 8.7 millones.

Galmarini postuló también en la audiencia que hay un endeudamiento de 500 millones de dólares contraído en 2018 que vence el próximo febrero, que tenía como destino una inversión en mejoras y terminó utilizándose para cubrir gastos operativos. De esta manera fue que arrancó su intervención en la audiencia, postulando que se viene “intercambiando” con el Ministerio de Economía para encontrarle soluciones a la situación. Tras esta descripción de una sociedad desguazada, luego se presentó lo (poco) que se hizo en su gestión si se atiende a los números previamente descritos, donde el 40% de los usuarios todavía no tienen cloacas. Para finalizar, Galmarini concluye que ante el retiro de los subsidios, y estando las tarifas de Aysa al mismo valor desde hace tres años, casi que este tarifazo contra el bolsillo popular se hace una necesidad inevitable.

En el centro de estos “enormes gastos operativos” planteados la titular aduce, por ejemplo, que los gastos de Aysa se dispararán por su consumo energético, en el marco de un tarifazo que también tendrá lugar en el servicio eléctrico. Más allá de que en la audiencia virtual la funcionaria comparta diapositivas con los presuntos flujos de activos y pasivos de Aysa, lo que se necesita es una verdadera apertura de los libros de la empresa al control de sus trabajadores y usuarios. Constatar los márgenes reales de gastos, de ganancia e incluso el detalle de las operaciones, para desglosar el vaciamiento relatado mientras cuatro de cada diez personas no tienen desagües cloacales en la zona de servicio.

En la escena central aparece el pacto entre el FMI y el gobierno, que procedió a una política de poda, retiro y reorientación de subsidios. Cumplir con los recortes demandados por el Fondo implica un servicio más caro y la profundización del vaciamiento. Y esto porque tanto las sociedades estatales (o de mayoría estatal) del agua, como el caso de Aysa, o las privatizadas de la energía, comparten la misma política de trasladar el costo del ajuste al bolsillo popular.

Rechazamos tajantemente que sean los trabajadores quienes paguen esta crisis con el aumento de las tarifas. Hay que detener el tarifazo y empezar por lo primero: abrir los libros de la empresa al control obrero y popular, y que sea bajo la administración de los usuarios que se proceda a investigar este enorme cúmulo de endeudamiento. Es aberrante que se reconozca livianamente que Aysa viene gastando millones de dólares en pagar intereses de deuda mientras hay vecinos de la Capital o el Conurbano bonaerense que no tienen agua potable o descartan sus desechos cloacales en piletones o pozos. Se necesita una transformación de fondo que parta por este objetivo para transferir así el control de la sociedad prestadora a quienes día a día utilizan su servicio, y se reorganice su gestión en función de sus intereses genuinos en lugar de continuar en manos de una burocracia estatal.